Expertos en derecho energético aseguran que en contadas ocasiones las estaciones de servicio inician acciones legales contra su proveedor por incumplimientos en los contratos de suministro. Se trata de situaciones que ocurren con frecuencia pero que terminan siendo aceptadas por los operadores para evitar mayores inconvenientes.
Este cronista se encontraba en una reunión organizada por una de las entidades más importantes de la actividad, cuando en medio de una charla de salón con un reconocido dirigente del sector se quiso sacar una duda: ¿Por qué las estaciones se quejan tanto de las petroleras pero después nadie hace juicio y en los medios de comunicación todos se cuidan de no criticar?”. La respuesta del empresario Pyme fue sintética y concisa: “no te podes pelear con Goliat”.
En este contexto, el Dr. Alejandro Tobalo, asesor legal de la Federación de Expendedores de Combustible y Afines de la provincia de Buenos Aires (FECOBA) asegura que “los juicios contra las firmas petroleras no son tan frecuentes como podrían serlo”, dadas las condiciones que presenta el mercado de los combustibles en general: escasez de naftas y gasoil, imposición de cláusulas con mayores erogaciones y descarga de impuestos a la red, entre otras cuestiones.
Cuando se trata de un operador “rebelde”, los proveedores amenazan – incluso explícitamente – con no renovar los contratos de suministro llegados a su vencimiento, a sabiendas de que esta medida puede terminar ocasionando en el mediano plazo el cierre del local. Después de todo, ser blanco es exponerse a perder ventas y disminuir los márgenes de rentabilidad.
Es en esta asimétrica relación de poder – entre el comercio minorista y la compañía- como se construye este panorama desalentador para las estaciones en el que no existe lugar a la queja. Alzar la mano resulta en muchas ocasiones “ganarse un problema” con el proveedor, por eso los expendedores se resisten a las acciones legales.
Con los empleados y organismos públicos, en cambio, la disputa legal es cosa de todos los días. Tobalo explica que “son habituales los juicios laborales, los reclamos de aportes y contribuciones sindicales y, según las épocas, puede haber exigencias de la autoridad de control o fiscal – como la Secretaría de Energía, la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Administración Federal de Ingresos Públicos – que deriven en infracciones o reclamos de deudas impositivas”.
