El Gobierno capitalino acaba de reglamentar el decreto nacional 171/2017. Si bien la Policía controla y secuestra motos en las calles con operativos especiales, los estacioneros aún, salvo en Lanús, no han recibido controles ni intimaciones.
A raíz de la difusión en los medios de comunicación nacionales de nuevos casos de hechos delictivos protagonizados por delincuentes que se desplazaban en moto, la Ciudad de Buenos Aires comunicó que la semana pasada finalmente se reglamentó y se puso en ejecución el Decreto que el Gobierno Nacional elevó a cada jurisdicción con el objeto de prevenir los ataques de los denominados “motochorros”.
Seguridad Porteño, Martín Ocampo había informado a surtidores que ni bien estuviese reglamentada la norma, para que el Decreto 171/2017 se ponga en marcha, serían los agentes de control gubernamental, los encargados de inspeccionar si las bocas de expendio acatan la ley para negarse a despacharles a aquellos motociclistas sin casco ni chaleco refractario.
El funcionario argumentó que la dependencia a su cargo recién pudo aumentar los controles para prevenir esta modalidad delictiva desde hace diez días, cuando fue reglamentada dicha ley e informó que “ya son más de 93 las motos secuestradas por la Policía de la Ciudad que no reunían la documentación obligatoria para circular”.
No obstante ello, desde la Agencia Gubernamental de Control, aseguraron que dicho ente se encarga de inspeccionar todo lo referido a la seguridad ambiental e infraestructura edilicia y de instalaciones de las Estaciones de Servicio, pero sin embargo, no les corresponde ese control específico, sino a la Dirección de Tránsito.
Desde la cartera de seguridad porteña reiteraron a surtidores que “la colaboración de los encargados y dueños de Estaciones de Servicio para no cargar nafta a aquellos motociclistas que no lleven el chaleco identificatorio, resulta parte de un trabajo mancomunado junto con los gobernantes para desterrar este flagelo”.
CIUDADES DEL INTERIOR QUE SE REHUSAN A APLICAR EL DECRETO
A pesar de la directiva emanada desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich a todas las provincias a llevar adelante esta medida, en general no hubo una aceptación para que las respectivas legislaturas redacten la ley local.
En Salta no solamente se levantaron en contra los denominados “motoqueros” quienes utilizan como herramienta de trabajo a la motocicleta, sino que el director de la Agencia de Seguridad Vial, Manuel Arzeno, confirmó que no adherirá a las nuevas normativas, argumentando que prácticamente no tiene sentido ya que las jurisdicciones de la Provincia son rutas nacionales y provinciales, y ese no es el ámbito en donde se cometen ese tipo de delitos, sino en los ejidos urbanos.
Por otro lado recalcó que el Gobierno nacional con las intenciones de resolver problemáticas de la Seguridad Pública, erróneamente “se metió” en la Seguridad Vial, cuya normativas es muy complejas porque cada municipio puede tener sus propias reglamentaciones.
Finalmente, la concejal y presidenta de la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial del Concejo Deliberante salteño, Virginia Cornejo, descartó que el Municipio adhiera a la nueva normativa, al considerar que en la ciudad los delitos en moto no son un problema y que además el robo y asesinato, no pasa por el uso de la motocicleta, a la vez que expresó que “los motochorros son los primeros en cumplir con el uso de casco y chaleco para no ser interceptados por la policía”.
Fuente: Surtidores.
