Una iniciativa legislativa propone que en las localidades ubicadas al sur del paralelo 42 el valor de venta de los combustibles líquidos sea a equivalente a la mitad de los vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Años atrás lo percibían pero los constantes aumentos de precios licuaron el beneficio.
Un Proyecto de Ley presentado por el Diputado Nacional Eduardo Costa, propone reflotar un beneficio que años atrás percibían las localidades patagónicas ubicadas al sur del paralelo 42. Se trata de establecer un valor de ventas para los combustibles líquidos, a un precio equivalente al cincuenta por ciento del vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para garantizar su aplicación, Costa sugiere establecer un Régimen de Registro y Comprobación de Origen y Destino para el combustible exento según el inciso d) del artículo 7 de la ley 23.996, el que tendrá por objeto realizar el control sistemático de dichos combustibles identificando todas las etapas: origen, transporte, puestos de control, descarga y auditoría externa de todo el procedimiento.
El legislador explica que desde 1991 rige en el país la Ley 23.966, que definió el marco regulatorio impositivo para los combustibles líquidos y el gas natural. Los consumidores finales de una amplia franja territorial de la Patagonia Argentina obtuvieron entonces una significativa rebaja en el precio de los combustibles líquidos respecto a los vigentes en el resto del país.
El espíritu de este trato diferencial se asentaba en las grandes distancias existentes entre las poblaciones y otros centros urbanos de mayor concentración de habitantes; el uso de los automóviles como una necesidad y no como bien suntuario; el mayor costo de vida; el carácter de provincias productoras de hidrocarburo y la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y el transporte, entre otras, al dotarlas de esta ventaja comparativa.
Costa afirma que “lamentablemente”, este beneficio se ha ido perdiendo paulatinamente. “En la actualidad esa diferencia es mínima, casi imperceptible, a consecuencia del aumento en el precio de los combustibles líquidos”
Detalla que a partir del 1 de abril de 2014, el Gobierno Nacional autorizó a las estaciones de servicio a incrementar los precios de sus combustibles, en promedio, un 5,4 por ciento. En lo que va de este año 2014, la tarifa lleva acumulada un 25 por ciento y está previsto que en mayo llegue otra suba similar. Desde que arrancó el año, las petroleras aumentaron todos los meses: un 7 por ciento en enero, un 6 por ciento en febrero, otro 6,1 por ciento en marzo, y ahora otro 5,4 por ciento desde el primer día hábil de abril.
Las petroleras proyectan un nuevo incremento del 4 por ciento para mayo, mientras que para el segundo semestre estiman que el incremento será menor pero rondará el 10 por ciento. “Entre el acumulado de 2013 y lo que va de 2014, los aumentos oscilan entre 55 y 60 por ciento, según el producto y la bandera a la que responde la estación de servicio, pero el promedio de alza se ubica en el doble de la inflación real”, apunta.
“Ante esta injusta situación de resignar ingresos debido a un congelamiento del petróleo crudo que no se traslada al precio final de los combustibles, y que además nos ha llevado a perder la ventaja comparativa de comprarlos más baratos, cuestiones que evidentemente perjudican los intereses de la región y afecta su desarrollo, solicitó el acompañamiento de esta iniciativa legislativa”, reclamó finalmente Costa.
