La confederación nacional que los representa presentó un informe resumiendo los efectos que generó la Resolución 35/2013 en el mercado y en especial en las estaciones de servicio. Cuestionaron el esquema y solicitaron la revisión de la medida. Preocupa en el sector el achicamiento de los márgenes de comercialización
El Dr. Francisco Berdaguer, asesor legal de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos (CECHA), redactó un documento titulado “Diagnóstico y efectos colaterales de la Resolución 35/13 a 4 meses de su entrada en vigencia”, al que tuvo acceso surtidores.com.ar, en el que se desarrollan las consecuencias que sufrieron las bocas de expendio a partir del techo a los combustibles que impuso el Gobierno el día 9 de abril.
“A través de la polémica y muy cuestionada Resolución SCI 35/2013 se dispuso un esquema de precios máximos para la comercialización de combustibles líquidos. A casi 4 meses de su entrada en vigencia, estamos en condiciones de formular un diagnóstico y los efectos que aquella normativa produjo”, comienza el texto.
“Podemos afirmar que generó una situación de incertidumbre en el sector, acelerando el incremento del precio de los combustibles. Se repitieron los errores del pasado; cuando más se quiere restringir o manipular el mercado, más rápido reacciona este, modificando los precios hacia arriba”, agrega.
Debido a la falta de precisiones por parte de la Secretaría de comercio con respecto a las referencias que deberían seguir los expendedores, el informe señala que “persiste un alto grado de desinformación. Nadie sabe hoy cuál es el precio máximo de los combustibles en cada región”.
Además, explica que esto “coloca al estacionero en una posición incómoda, al confundir su rol en la comercialización del combustible. En esto hay que ser claro: el estacionero no es un formador de precios. Son las petroleras quienes trasladan a aquél los mayores costos derivados de la elaboración, adquisición, suministro y entrega del combustible”.
Siguiendo la idea, el documento advierte que la normativa agrava aún más la magra rentabilidad del empresario. “Es sencillo: al estar congelado el precio del combustible, el operador tiene que soportar en soledad no solo los mayores costos operativos sino también la creciente presión tributaria que actualmente grava el expendio de combustible”, alerta el informe.
En este contexto, denuncia que “la Resolución 35 vino para echar nafta al fuego”. Afirma que “cada vez son más los comercios que cierran” y que en consecuencia son muchas las fuentes de trabajo que están en riesgo”. Asimismo, desde el punto de vista del consumidor, menciona que esta situación “genera fastidio e incomodidad en la gente, ya que tiene que moverse en distancias muy grandes para conseguir un lugar para cargar combustible”.
Por tal razón, el especialista considera que “el Gobierno debería tomar nota de los efectos colaterales que trajo esta Resolución para corregirla en el futuro, dejando sin efecto normas que por cierto, son de dudosa legalidad y legitimidad”.
Petroleras aseguran que no exceden los precios máximos permitidos de cada región
