Se potenciaron las exigencias de los organismos encargados de controlar el cuidado del medio ambiente, sobre todo en Capital Federal, Gran Buenos Aires y Santa Fe. Hasta el momento los recursos administrativos presentados por operadores fueron rechazados y es por eso que en el sector recomiendan acoplarse a la normativa. Proponen involucrar a las petroleras.
A través de un sistema de calificaciones la Ley General de Ambiente (25.675) determina tres categorías para precisar cuáles actividades económicas están obligadas a contratar un Seguro Ambiental Obligatorio (SAO). Por manipular productos inflamables, los expendedores de naftas y gasoil figuran en la de mayor gravedad y más onerosa, legislación vigente desde hace tiempo pero que recién ahora las autoridades de aplicación están reclamando su cumplimiento con decisión.
Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio (AES) indicó que “desde hace más de un año el Gobierno de la Ciudad Autónoma viene intimando a las estaciones de servicio en Capital Federal” a que contraten los seguros de caución y asegura que en el Gran Buenos Aires la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) actúa en la misma dirección.
Resistiéndose a incorporar un nuevo costo operativo, algunos comerciantes presentaron recursos administrativos ante las dependencias correspondientes y especializadas en el área pero según confirma Navas “todas fueron rechazadas” y “es de esperar que otras tantas reciban la misma respuesta” en los próximos meses, cuando se resuelvan los expedientes.
En este contexto, el experto en derecho energético considera que “de aquí en adelante en todos los distritos van a demandar las estaciones para que cumplan con el seguro”. Por eso, entiende que “oponerse ya es una situación perdida” y recomienda adquirir el respaldo legal antes de arriesgarse a recibir sanciones y multas.
En su opinión este panorama es consecuencia de que “no se desarrollaron acciones consensuadas en el sector – entre las cámaras empresarias – y todo terminó con la exigencia del seguro de caución, lo que suma un nuevo aumento, importante en el costo de operación de cada estación”.
Así las cosas, Navas afirma que “la única solución es hacer participar a las petroleras de ese gasto, sea a través de bonificaciones o de sumas fijas que lo contemplen”. Como fundamento, los expendedores pueden sostenerse de la legislación, ya que en sus párrafos se expresa con claridad que los proveedores de bandera son solidariamente responsables de las afecciones producidas en los recursos naturales.
Según explican empresas de seguros que ofrecen este servicio no existe un costo preestablecido general para las estaciones de servicio debido a que los daños producidos en los suelos y el agua varían notablemente en función de cada establecimiento. Cada caso implica la ejecución de distintos tipos de tareas con tiempos de ejecución diferentes.
