Los aumentos de precios y la inflación descalzan a los expendedores que aceptan tarjetas de crédito para pagar la carga de combustibles. Por eso muchos solo reciben la de débito o directamente rechazan las dos. Afirman que ganan en seguridad pero pierden rentabilidad.
Nadie puede dudar que en el último tiempo el valor de los combustibles se erigió en una de las más crudas variables del ajuste. En lo que va de 2014, las empresas aumentaron todos los meses el valor del litro: durante enero subieron un mínimo de 7 por ciento; en febrero retocaron otro 6; en marzo le sumaron un 6,1; en abril volvieron a remarcar 5,4 y en mayo harán lo propio con un 4 con lo que hasta esa fecha, el acumulado anual rondará el 30 por ciento.
Tal escenario incremental de precios modificó bruscamente la operatoria de los expendedores. El primer paso fue depurar sus cuentas corrientes y reducirles el plazo de pago a las que quedaron. El segundo sin dudas, fue amortiguar el impacto que ocasiona la financiación de las ventas con tarjetas de crédito.
Si bien hay una cierta cantidad de estaciones de servicio que actualmente acepta pago con ese mecanismo, la mayoría optó por quedarse sólo con las de débito. Según explican en el sector, la migración se origina en el descalce entre los días a cobrar y los pagos diarios a sus respectivos proveedores.
La presidenta de FECRA, Rosario Sica, coincide con estos argumentos. Admite que las que las reciben son bocas oficiales ya que a los empresarios independientes se les hace muy difícil sobrellevar desinversión que ocasiona este tipo de operatoria. Es que las emisoras de tarjetas les cobran el 1,5 por ciento sobre precio de venta del combustible, y les transfieren el dinero recién a los 21 días. «Las tarjetas de crédito se llevan casi el 20 por ciento de la baja rentabilidad que tienen los estacioneros, y por eso que algunas de acuerdo a sus necesidades, deciden suspenderlas”, justificó.
La dirigente atesora en su curriculum la redacción junto a la entonces diputada nacional Marina Cassese, de un Proyecto de Ley que establecía una tasa máxima de cargos no superior al 0,8 por ciento para la venta minorista de combustibles líquidos, gas natural comprimido y sus derivados, en las tarjetas de crédito y del 0.5 para las de débito. A pesar de sus sólidas razones, la iniciativa nunca logró estado parlamentario.
