El Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, cuestionó la decisión de los funcionarios de subsidiar la importación de naftas y gasoil en lugar de favorecer la utilización de combustibles de origen vegetal, que son más baratos y se producen localmente. “Atentan contra el compre nacional”, censuró.
A pesar de las declamaciones públicas acerca de la conveniencia de incorporar los biocombustibles a la matriz energética argentina, lo cierto es que hasta el momento, ninguna empresa petrolera llega a cumplir con el corte obligatorio que impone la ley. Al mes de agosto, la mezcla de gasoil con biodiesel era apenas superior al 7 por ciento, no cumpliendo el piso del 8. En materia de bioetanol, el corte es del orden del 6,5 por ciento.
Ante la necesidad de reducir el déficit que producen las importaciones energéticas, el objetivo de corto plazo es llegar a cortar las naftas y el gasoil con un 10 por ciento de componentes vegetales y avanzar en usos diferenciados para el agro, la generación eléctrica y el transporte automotor de carga pesada y pasajeros. Sin embargo, dado que esos combustibles importados están desgravados, a las compañías desde el punto de vista económico, les conviene más traerlos desde el exterior que utilizar biocombustibles
“Es paradójico que el biodiesel de producción nacional tribute el 41 por ciento de impuestos específicos que gravan al gasoil, mientras el mismo producto importado esté desgravado por aplicación de la Ley de Presupuesto Nacional, que contempla tal incentivo”, lamenta el Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina.
En este contexto, el experto en temas bioenergéticos critica que “el Ministerio de Economía, a través de los Secretarios de Política Económica, y de Comercio Interior, Lic. Axel Kicillof y Lic. Guillermo Moreno, se resistan a brindar una mayor participación a los biocombustibles”. Ambos conducen la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, y además, el primero es Director de YPF por el Estado Nacional, participando en la conducción de esta compañía varios de sus colaboradores más cercanos. “El tratamiento impositivo diferencial a favor del gasoil y la nafta importada, lleva a que las petroleras los prefieran ya que los primeros se tornan más económicos que los biocombustibles en términos relativos”, señala.
Este accionar provoca según Molina, cierta sospecha sobre cual es el verdadero objetivo que persiguen los funcionarios. “Genera aún más impotencia el hecho que el biodiesel desde hace bastante tiempo ya, es más barato que el gasoil importado si la medición se efectúa sin impuestos”, explica, al tiempo que no duda en denunciar que “se está atentando contra el compre nacional, otorgando un tratamiento impositivo diferencial a un producto importado, mientras la industria nacional de biodiesel presenta un alto porcentaje de capacidad ociosa”.
En defensa de este modelo, desde las esferas oficiales argumentan que lo que no se usa como biodiesel se puede exportar como aceite vegetal sin afectar negativamente los precios de todo el complejo soja y por ende, los ingresos fiscales. “Es incorrecto”, contradice Molina, “la reciente experiencia mostró como los productos del complejo de soja de Argentina presentaron descuentos de precios muy significativos en relación a los del mercado de referencia de Chicago, los que han tenido pocos o nulos antecedentes históricos”, rebatió el Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
El referente de la actividad apunta al caso particular del biodiesel, considerando las sanciones que está a punto de aplicar Europa en forma definitiva. “Es muy complicada la situación de las grandes industrias que no cuentan con un importante cupo asignado para operar en el mercado interno; a las plantas que están cerradas desde fines del año pasado se podrían sumar otras, ya sea parando totalmente o reduciendo significativamente su actividad”, alerta.
Por último, y considerando la compleja situación del comercio internacional de biodiesel. Molina afirma que “resulta incomprensible que los derechos de exportación no se retrotraigan a los niveles vigentes en julio de 2012, que el precio de referencia de exportación derivado de la aplicación del Decreto 1719/12 no sea realmente el precio FOB al que efectivamente se está exportando -el mismo, se fija arbitrariamente por encima del real, generando una contingencia muy importante para los exportadores- y que además, las actas de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, por la que se cambian alicuotas de retenciones, niveles de precios oficiales, etc., no se publiquen en el Boletín Oficial, como debería ocurrir con todos los actos públicos”.
