Una vez más la Unidad Ejecutiva de Monitoreo incumplió con la promesa de regularizar los precios para el mercado interno. Sin embargo el Congreso dio dictamen al proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández que propone nivelar el trato impositivo con el diesel importado para impulsar las exportaciones ¿Apoya el Gobierno los biocombustibles?
No hay otros motivos que negligencia y desinterés para entender por qué el Gobierno Nacional demora la publicación de los precios internos de la industria del Biodiesel. Los referentes de la actividad agregan que en parte esta situación es consecuencia de la coyuntura política actual, cargada de reclamos provenientes de diversos sectores de la economía que alborotan los despachos públicos.
También suenan rumores de que la Ministra de Industria, Débora Giorgi, una de las cabezas de la Unidad Ejecutiva de Monitoreo – ente encargado de regular el negocio – es la principal responsable de la situación: hace 20 días que tendría en sus manos el acta para oficializar las nuevas referencias prometidas pero aún no puso su firma.
Una vez que la funcionaria dé el visto bueno, empresarios de la actividad aseguran que las firmas que elaboran entre 50 y 100 mil toneladas por año pasarán a percibir $7202 en marzo, lo que representa un ajuste del 7 por ciento respecto de los 6.719 que rigen hasta el momento.
Son las cifras que manejaron luego de la devaluación de la moneda en conjunto con los funcionarios del área y que de alguna manera recomponen la rentabilidad de las compañías de baja escala, dedicadas a abastecer a las petroleras para el cumplimiento del corte obligatorio del 10 por ciento con gasoil.
Mientras tanto, paradójicamente la cámara de diputados ayer discutía en las comisiones específicas una propuesta del Poder Ejecutivo que plantea desgravar el 41 por ciento de impuestos internos al Biodiesel con el objetivo de reactivar las exportaciones. Sería aprobado hacia fines de mes.
Esta iniciativa fue enviada al parlamento a mediados de abril por Cristina, que en contraposición con la falta de reglas claras puertas adentro, confirma la variedad de criterios que existen en el oficialismo respecto de la utilización de biocombustibles en nuestro país.
Antes era Guillermo Moreno, el ex Secretario de Comercio Interior. ¿Ahora es Augusto Costa, su reemplazante? Nadie se encarga de despejar las dudas. “Estamos desorientados”, se sinceró un productor Pyme que prefirió no ser citado en la nota. Axel Kicillof, figura máxima en la escala de responsabilidades, también figura para los empresarios entre los detractores del biodiesel.
En estas condiciones no se puede descifrar con claridad la visión del Gobierno frente a una industria que fue impulsada en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, gracias a la sanción de la ley 26.093, que desarrolló importantes inversiones y logró agregarle valor a los productos primarios destacados de la economía, por caso, la soja.
