Expertos en derecho energético indican que es consecuencia de las mejoras en el abastecimiento de combustibles. En lo que respecta a los empleados, en cambio, aseguran que los problemas van en aumento.
Años anteriores, cuando escaseaban naftas y gasoil en el mercado, las estaciones de servicio que no recibían volumen conforme a los cupos establecidos por contrato, solían iniciar acciones legales contra sus proveedores. Se llegaba a este punto como última instancia, cuando se daba por concluido el diálogo.
En los últimos tiempos, sin embargo, esta situación cambió, explica Fabián Alejandro Tobalo, asesor legal de la Federación de Expendedores de Combustibles (FEC), debido a que “los precios de combustibles aumentaron a un ritmo del 60 por ciento y se alcanzó un mayor equilibrio entre oferta y demanda, con una mejora sustancial del problema de falta de abastecimiento que caracterizó al mercado durante los últimos años de la década pasada”.
No obstante esta evolución positiva de la rentabilidad, Tobalo aclara que “como sabemos, el sector de expendio de combustibles es uno de los mayores perdedores de la última década; los supervivientes de ese esquema darwiniano de negocio hoy empiezan a ver la luz al final del túnel”, grafica.
En este contexto, el experto plantea que “la conflictividad entre operadores y sus proveedores se está descomprimiendo”. Lo atribuye a que el problema del aprovisionamiento ha perdido el protagonismo que tuvo hasta el año 2012. “Algunas petroleras están desandando el camino hecho durante la última década”, puntualiza. “Recordemos que, por caso, Shell redujo su red abandera a la mitad en la pasada década, y esa fue la tendencia general del sector. En los últimos tiempos las compañías empezaron a abanderar bocas que en otra época hubiesen quedado blancas, vale decir, inviables a corto plazo”, sostiene Tobalo.
En el frente fiscal, sin embargo, asegura que la situación no ha mejorado. Son frecuentes los reclamos por determinaciones de impuestos sobre débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque), retenciones por ingresos brutos en exceso, tasas municipales que constituyen impuestos disimulados y traslación de actividades de fiscalización al mismo contribuyente (uso de reagentes químicos para detectar trazadores de combustibles para zona desgravada), entre otros.
Respecto de la relación entre las estaciones y sus empleados, Tobalo señala que “el trabajo del operario de playa es una ocupación exigente, por exposición al clima, y a los hechos delictivos, y esto indudablemente promueve una mayor incidencia por enfermedades y rotación de personal”. Indica que los conflictos típicos pueden asociarse a esas situaciones. “La litigiosidad laboral general está en aumento”, alerta.
“Los fallos de caja no son raros, pero para derivar en imputación penal, el empleador debe ser muy cuidadoso ya que la prueba de hechos dolosos en su perjuicio suele ser difícil de lograr”, subraya. En este contexto, precisa que los hechos que derivan en daño patrimonial de la empresa más bien decantan en la causal de despido conocida como “pérdida de confianza“, que no conlleva necesariamente una imputación penal, “sino la culpa grave del empleado como causa del daño al interés de la empresa”, analiza finalmente Tobalo.
