Expendedores de combustibles señalan que el sistema legal y comercial que actualmente puso el Gobierno en vigencia los deja afuera del negocio, por lo que proponen revisar la función del Estado en toda la cadena productiva. Hay dos opciones: que controle todo el crudo y lo entregue a las refinerías, o que directamente se haga cargo del Downstream
En los últimos diez años cerraron en nuestro país 2.500 estaciones de servicio y se perdieron según datos de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA) no menos de 45.000 puestos de trabajo. Este saldo negativo es para los empresarios del rubro una prueba sólida del fracaso que significó el sistema de desregulación que vivió el sector petrolero a partir de la década del 90.
Frente a esto, Manuel García, Presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI) propone discutir la posibilidad de implementar nuevos métodos y mecanismos para controlar y dirigir toda la cadena de producción de petróleo, gas y combustibles procesados.
“Una opción es que el Estado tenga entre sus funciones extraer el petróleo, a través de YPF, pero que a la vez tenga a su disposición el control de toda la producción de crudo que obtienen el resto de las compañías”, explica. “Es lo que en algún momento se llamó la mesa del crudo”, retoma.
A partir de ese momento, una Comisión Pública, conformada por representantes de todos los sectores que hacen a la actividad, tendría que resolver como distribuir el volumen, en base a las necesidades del mercado y de las compañías refinadoras, que bajo previa declaración jurada se verían obligadas a indicar la cantidad y variedad de productos que analizan destilar.
Otra alternativa, abre el abanico García, es que el Estado se ocupe de refinar todo el combustible que necesita el país, tal cual como ocurre en Brasil por medio de la petrolera de capitales mixtos, pero bajo control mayoritario de Petrobras.
En cualquiera de los dos modelos entiende que “se debe asegurar la rentabilidad de las estaciones de servicio”, ya sea dejándoles la posibilidad de administrar el margen de ganancia estableciendo la libertad de precios al público, como así también fijando el valor en surtidor, pero otorgando una bonificación para la comercialización minorista no inferior al 15 por ciento, como ocurre en muchos países del mundo.
