Las restricciones que aplicó la Unión Europea a los productos de origen nacional se mantienen a pesar del posible acuerdo por el resarcimiento de las acciones expropiadas a Repsol. En el sector esperan cierres de fábricas, salvo que el Gobierno autorice incrementos del biocombustible para utilización en el mercado interno.
En la actualidad hay 26 plantas de biodiesel que participan del convenio de abastecimiento al mercado interno, en su gran mayoría ubicadas en Santa Fe, pero sólo las de menos de 100.000 toneladas al año están operando efectivamente en este negocio. Las firmas integradas, en cambio, aquellas que elaboran el aceite de soja, prácticamente dedican todo el volumen de producción para destinar a los mercados externos, principalmente Europa.
Luego de la expropiación del Grupo Repsol en YPF, en marzo del año pasado, los contratos de exportación se vieron frustrados, como represalia por parte de la Unión Europea. Este punto de inflexión en la industria frenó las inversiones en curso, provocó bajas de producción, cierres de plantas y la posibilidad de que se pierdan 2.000 puestos de trabajo.
Si bien ahora el Gobierno Nacional estaría llegando a un acuerdo con el Grupo Español, Víctor Castro, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) aclara que no se espera una recomposición de las ventas al viejo continente al menos durante los próximos dos años, ya que se trata de “un tema juzgado” por la Unión Europea y sólo queda una revisión por parte de la Organización Mundial del Comercio que requiere de trámites burocráticos de como mínimo dos años de duración. Las pérdidas calculadas superan los 1.500 millones de dólares para el año 2014.
En este contexto, el referente del sector explica que “los complejos integrados seguirán exportando aceite crudo pero las unidades de negocio de biodiesel que no producen aceite van a cerrar”. Pone como ejemplos a Unitec Bio, Dreyfus y Cargill, empresas que disponen de instalaciones de gran escala abocadas exclusivamente a la elaboración de Biodiesel.
Ante estas condiciones adversas, Castro propone tomar medidas que apunten a reorientar la producción para el consumo de sectores de la economía nacional, como el agro, las usinas eléctricas y el transporte automotor, tanto pesado como en automóviles. “Estamos siendo optimistas de que se pueda compensar la caída de las exportaciones con el mercado interno y de esa manera mantener mínimamente las operaciones”, manifestó.
Por el momento, desde el Gobierno están analizando el impacto que generaría una sustitución del gasoil importado en la recaudación fiscal y en las cuentas de YPF, ya que el combustible vegetal es más barato que el diesel importado, libre de impuestos.