La advertencia de supuestos olores que emanan desde las napas, movilizan a los vecinos de las estaciones de servicio a denunciarlas por contaminación del medio ambiente. Sin embargo, muchas veces las sospechas son infundadas y son los expendedores los que deben hacerse cargo del descrédito que les genera tal supuesto. La Justicia tampoco ayuda.
Recientemente un hecho ocurrido en una localidad de la provincia de Buenos Aires provocó la inhabilitación provisoria de una estación de servicio por supuesta pérdida en los tanques, medida que se levantó luego de dos meses de investigaciones al comprobar la inconsistencia del reclamo. “No hay confirmación de que la contaminación provenga de la estación de servicio, son sólo sospechas hasta tanto las pruebas científicas aseguren de dónde proviene la fuga”, admitió el responsable ambiental de la comuna.
No es un caso único, la advertencia de supuestos olores que emanan desde las napas es una situación frecuente. Generalmente son los vecinos los que denuncian, atemorizados por la toxicidad de los combustibles, aunque la mayoría de las veces no hay comprobación de tal irregularidad.
En ocasiones, la sospecha llega a la Justicia, que lejos de dilucidarla, se hace cargo de la ansiedad de los colindantes pasando por alto los exigentes controles a los que se someten este tipo de negocios. Un caso emblemático fue el que llevó adelante el controvertido juez Rodolfo Canicoba Corral, cuando dio lugar al pedido de dos fiscales federales para que se indague a los responsables de una estación de servicio por la contaminación que sufrió un edificio vecino a la misma.
El pedido se debió a la presunta violación a la ley de residuos peligrosos y contaminación del suelo y las napas, desde las instalaciones de la estación de servicio, que afectaron a la torre. En esa oportunidad, los vecinos detectaron “olor a nafta” en el agua que consumían y también en la zona del sótano del edificio. Luego, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determinó “la existencia de riesgo de explosión y de hidrocarburos componente de la nafta en líquidos extraídos del sótano”.
Ante esta evidencia, los fiscales solicitaron las declaraciones indagatorias ya que, entendieron, existía suficiente “estado de sospecha” sobre el presunto “accionar delictivo”, de los responsables de la estación de servicio, supuestos que finalmente fueron descartados gracias a que el Gobierno de la Ciudad suspendió los alcances de la clausura provisional al no poder determinar de dónde provenían los olores.
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