La Justicia dispuso la inhibición general de bienes de todas las empresas que integran el Grupo Indalo, en el marco de la causa en la que se investiga una maniobra para eludir el pago de impuestos. La visión de la empresa contrasta con la opinión de los especialistas.
El juez federal Julián Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de Cristóbal López, Fabián de Souza y de todas las empresas que integran el Grupo Indalo, en el marco de la causa en la que se investiga una maniobra para eludir el pago de más de 8.000 millones de pesos.
La medida impedirá a los empresarios vender o gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables pero no les impide administrarlas o disponer de su dinero bancarizado.
El magistrado sostuvo que la maniobra fue “presuntamente desplegada por la empresa Oil Combustibles S.A. de los empresarios Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa-, perteneciente al holding empresario Grupo Indalo y empleados y funcionarios de la AFIP“, por un monto no menor de $7.665.771.438,63. Antes, el juez federal en lo contencioso Administrativo Esteban Furnari había dispuesto la intervención en la petrolera y de otras empresas del Grupo y aplicó medidas judiciales para evitar su escisión.
La noticia causó la lógica preocupación de los expendedores que distribuyen productos de la marca, sin embargo desde la compañía aseguraron a surtidores.com.ar que “la operatoria es normal como siempre y no afecta a ningún proceso de la cadena de abastecimiento y distribución a la Red”.
Sin embargo, el Dr. Fabián Tobalo, especialista en derecho energético y asesor legar de la Federación de Expendedores de Combustibles (FEC), señala que la medida dispuesta por el Juez inmoviliza los activos de todos los sujetos comprendidos, impidiendo cualquier acto de disposición.
“Indudablemente, tratándose de un grupo de sociedades comerciales que opera como una unidad económica, la inmovilización de todos los bienes que componen los patrimonios de cada integrante impide su normal funcionamiento como grupo económico y resulta difícil imaginar que esta situación pudiera prolongarse sin provocar un colapso, al menos en algunas de las sociedad alcanzadas, puesto que es dado suponer que entre las mismas se dan fluidos intercambios financieros que permiten el mutuo sostenimiento de las distintas operaciones comerciales a cargo de cada unidad de negocios”, agrega.
Tobalo sostiene que “este cuadro de situación lleva a pensar que los operadores puedan resultar ajenos a las dificultades que enfrenta su proveedor, pudiendo suponerse que la presentación en concurso preventivo de Oil Combustibles S.A. para resultar viable exige el aporte financiero de otras sociedades vinculadas, lo que la medida dispuesta por el Juez Ercolini, precisamente viene a impedir, al menos por el momento”.
El letrado opina que “lo que se vislumbra no trae buenas noticias para los operadores”, de ahí que no debe descartarse “la posibilidad de que la red abanderada pase a manos de terceros, asegurándose su continuidad comercial, ello aun en el supuesto de que Oil Combustibles S.A. terminara en un proceso de liquidación, producto de un concurso que derive hacia un decreto de quiebra”.
Finalmente Tobalo afirmó que “es una salida posible al problema que enfrenta la red aprovisionada por Oil Combustibles y no sería algo inusual, que en un supuesto de quiebra el Juez comercial autorice la liquidación de un activo como empresa en funcionamiento, dado que esta alternativa permite allegar mayores recursos a los acreedores del concurso que la liquidación de activos fragmentados”, al tiempo que reclamó a las autoridades del área energía “que intervengan activamente en este problema”.
Fuente: SURTIDORES
