El Secretario Gremial del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio, Andrés Doña, afirmó a surtidores.com.ar que la cartera laboral desestimaría el ofrecimiento salarial de las Cámaras empresarias para obligarlas a plegarse al convenio recientemente aprobado correspondiente a la FEC.
La negociación paritaria entre los empresarios y trabajadores que prestan tareas en las estaciones de servicio va en camino de una definición enmarañada, especialmente luego de conocerse la homologación del convenio colectivo que comprende a las bocas de expendio alistadas en la Federación de Empresarios de Combustibles (FEC).
Es que si bien la entidad más representativa del sector (CECHA) ofreció un 24 de aumento salarial, la cartera que conduce Carlos Alfonso Tomada aprobó una suba del 28 desatendiendo incluso la sugerencia del Gobierno de alinear todos los acuerdos a la cifra propuesta por los expendedores.
Esta instancia alentó a los empleados quienes ahora reclaman extender el arreglo a todo el país. Andrés Doña, Secretario Gremial de SOESGyPE, confirmó a surtidores.com.ar que el Ministerio de Trabajo lo propondrá en una reunión que llevará adelante con representantes de los titulares de estaciones de servicio. “Suspenderá todas las instancias previas llevadas adelante con cada Cámara para nacionalizar el 488”, señaló el dirigente.
Doña precisó que en caso de negativa seguramente “emprenderemos algún tipo de acción” para que se concrete esta iniciativa. “Hoy por hoy es un muy buen trato, nosotros estamos muy conformes, esperemos que la inflación se mantenga para que no se desvalorice”, destacó.
El experimentado referente sindical también se ocupó de desestimar la amenaza de que se podrían perder puestos de trabajo por el nuevo convenio. “Es algo que los empresarios dicen siempre, no obstante nos ocuparemos de evitarlos en caso de que se concreten”, advirtió
Sorprende a los estacioneros la celeridad de la homologación
La rapidez con la que el Ministerio de Trabajo dio el visto bueno al acuerdo y la cifra pactada sorprendió a los operadores. “Siempre tardan varios meses y en este caso fueron tan solo quince días”, manifestó un dirigente que prefirió reservar su identidad.
“También llama la atención el porcentaje ya que está por encima de lo sugerido por el Ejecutivo”, observó. No obstante adelantó que en caso de una imposición ministerial “recurriremos a todos los medios legales para impugnarlo, ya que ese convenio no tiene alcance nacional”.
