El proyecto que propone el sector empresario de cerrar los comercios para conceder el día de descanso al personal no sería extensivo a las bocas de expendio. Por el lado del personal temen suspensiones y despidos. Los expendedores aseguran no están dadas las condiciones para resignar un día de ventas.
Días atrás, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó la necesidad de recuperar el día domingo como jornada de descanso para todos los trabajadores, tal como establecía la ley laboral entre 1905 y 1991, año en el cual se modificó gracias a un decreto del gobierno menemista de flexibilización laboral.
Si bien el proyecto hoy está siendo discutido en el seno del sector empresario, Bernardo Turcumán, Presidente de la Cámara de Expendedores de San Juan, aclara que hasta el momento las estaciones de servicio no han sido consultadas sobre tal iniciativa. Por ley, se debe garantizar el abastecimiento de combustibles los 365 días del año.
De antemano, el operador señala que “el gremio no está de acuerdo” y anticipa que tampoco los expendedores de combustibles. Si la iniciativa en realidad busca reivindicar los derechos sociales del personal plantea que en la actividad de la comercialización de combustibles ya se paga un plus del 25 por ciento adicional del básico que se agrega al sueldo de bolsillo, justamente para contemplar estas características laborales que presenta la actividad.
Además, el contexto económico de los comercios no es el mejor para dejar de despachar combustibles por toda una jornada. El año pasado cerraron en nuestro país 189 locales dedicados al expendio de naftas y gasoil, lo que representó un promedio de uno cada dos días. Actualmente también hay establecimientos que están en riesgo financiero.
Por el momento, el proyecto es acompañado por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que agrupan a grandes comercios regionales con cerca de 10.000 locales en todo el país, pero es rotundamente rechazado por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), entidad que también engloba a los comercios medianos y cadenas chicas, bajo el argumento de que se perderían miles de puestos de trabajo, afectaría el consumo, y reduciría la recaudación fiscal.