Atraídos por el “negocio” del contrabando de combustible desde Venezuela, es creciente el porcentaje de niños y jóvenes que abandonan las aulas de clases para dedicarse a la actividad, que en promedio como empleados, les deja entre 20 mil y 40 mil pesos diarios
Seducidos por los 20 mil o 40 mil pesos diarios (100 pesos argentinos) que se ganan como expendedores informales de combustibles, la mayoría no termina el bachillerato, y mucho menos carreras técnicas o profesionales. Así lo revela un estudio adelantado por el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas, Cise, de la Universidad Popular del Cesar en asociación con la Fundación Ecopetrol Energía para el Futuro, sobre el censo de la población dedicada al comercio informal de combustibles en la localidad colombiana de La Paz.
La coordinadora del Cise, Carmen Patricia Guerrero Vides, señaló que se hizo un relevamiento en los 3 mil 219 predios que tiene el municipio donde habitan unas 5 mil familias, arrojando como resultado que el 27.2 por ciento de la población encuestada es iletrada, es decir que nunca estudiaron o que no terminaron la primaria y el 58 tiene niveles educativos muy bajos para aspirar a empleos o trabajos que exijan cualificación, siendo mayor en las mujeres entre los 40 y 49 años de edad.
De los mil 111 “playeros informales” caracterizados en el estudio, solo el 9.1 por ciento son técnicos y el 4.1 tiene títulos universitarios. Guerrero indica que el negocio del transporte y venta de combustible de contrabando está absorbiendo a la población joven del municipio. “En La Paz hay familias completas dedicadas a esta actividad. Padres, hijos, esposos, sobrinos, tíos, cuñados y primos”, sostuvo la funcionaria.
El estudio arrojó que de los mil 111 caracterizados, 329 relacionaron a 470 familiares más vinculados en el negocio informal de combustibles. Los niños y jóvenes desarrollan diferentes actividades en la cadena de la “empresa” irregular de la gasolina: vendedores, comerciantes, ayudantes y hasta conductores.
Las casas en esta localidad, en un 80 por ciento, se han convertido en bodegas para el almacenamiento y venta de combustible ilegal. De acuerdo con el alcalde, Wilson Rincón, 15 mil de los 24 mil habitantes de su Municipio viven directamente del negocio del contrabando de combustible.
Muchos menores no solo expenden el combustible, sino que son contratados para transportar en viejos vehículos la gasolina que traen desde Venezuela. En muchos casos han resultado víctimas fatales de este negocio, pero a pesar del peligro que ello representa y que incluso ha generado accidentes con saldos trágicos, la actividad se mantiene vinculando a los infantes no solo para ganar más dinero, evitando la contratación de personal, sino para evadir a las autoridades, toda vez que las leyes ofrecen especies de prerrogativas cuando se trata de menores.
Precisa el estudio que la deserción escolar y los embarazos no deseados confluyen con la llamada ‘bonanza’ del combustible. Niños y adolescentes renuncian a la posibilidad de obtener una formación académica, que les permita ser útiles en esta sociedad avanzada que cada día demanda más ciudadanos preparados.
