La verificación periódica de los surtidores de combustibles líquidos que realiza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, incrementó su valor un 47 % en relación al año pasado. La suba es del 15 % cuando se realiza en el plazo sugerido por el INTI. Hoy, la comisión directiva de CECHA debatirá, entre otros, este punto. Las autoridades de las entidades nacionales cuestionan la medida. Desde CAPEGA califican la determinación como “un atropello con el único objeto de recaudar”
Una vez por año, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial realiza en las estaciones de servicio la denominada “Verificación Periódica de todo Instrumento de Medición”, en particular de los surtidores de combustibles, tal como se prevé en la Ley 19.511 de Metrología Legal.
Según lo establecido en la Disposición 43/12 de la Presidencia del INTI, el arancel de verificación de cada manguera es de $ 125 cuando la fiscalización se realiza en la fecha propuesta por el INTI. El costo supone un aumento del 15 % respecto al año anterior, de acuerdo a lo dispuesto en su oportunidad por la Disposición 592/11.
Cuando el control se realiza en el plazo sugerido por el INTI, el expendedor puede solicitar su realización en otra fecha. En este caso la tarifa asciende a $ 200, que en comparación con la que se cobraba en 2011 de $ 136, implica una suba del 47 por ciento.
Desde el organismo advirtieron que para realizar la verificación, el estacionero deberá contar con el comprobante de pago del arancel previo a comenzar la tarea. De lo contrario el representante de la empresa deberá firmar un compromiso para posibilitar el inicio de las mismas.
Desde CECACH recomiendan a los propietarios de estaciones de servicio (a fin de evitar afrontar semejante suba en los costos) que, inmediatamente sean notificados de la visita del INTI, procedan a remitir a la entidad una carta documento argumentando la imposibilidad de abonar dicho incremento. La Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco presentó ante el Juzgado Federal de Resistencia una acción de inconstitucionalidad.
El vicepresidente de CAPEGA, Gustavo Sanz, calificó a la medida como “un atropello, una manera de recaudar impulsada por el INTI”. El empresario y directivo argumentó sus dichos en que Tucumán cuenta con la secretaría de Comercio que, a través de la secretaría de Pesas y Medidas ya brinda y cobra por el servicio en cuestión.
