En Uruguay, 195 expendedores decidieron recurrir a la Justicia para que dictamine si la decisión de la petrolera estatal ANCAP de reducirles la comisión que reciben por comercializar combustibles es legal. No descartan un cese de actividades en protesta por la medida.
La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) resolvió por amplia mayoría en una asamblea realizada el miércoles a la noche recurrir ante la justicia civil para que se expida sobre la legalidad de la modificación unilateral que resolvió ANCAP en la paramétrica que define el margen de ganancia para los estacioneros en la venta de combustibles.
Además, mantuvo la potestad para que el consejo directivo de la gremial no participe en la negociación por los Consejos de Salarios si cree necesario y resolvió fijar un “cuarto intermedio para analizar las decisiones que adopte ANCAP”, antes de definir paros en la comercialización de combustibles.
El presidente de la Unvenu, Daniel Añón, informó a medios locales que de los 196 dueños de estaciones de servicio que participaron de la asamblea, 195 acompañaron el memorándum para que el abogado de la entidad, Pablo Donnángelo, inicie las acciones ante la justicia civil. El letrado explicó que se elevará un recurso para conocer la legalidad o no de la modificación unilateral impuesta por ANCAP en relación a los componentes de la paramétrica que define la rentabilidad del negocio de las estaciones de servicio.
“Estamos evaluando realizar una presentación conjunta del recurso”, anunció. Para el delegado de la Unvenu, la “modificación unilateral de la paramétrica” altera en perjuicio de los estacioneros “la ecuación económica del negocio sin ninguna justificación, contraviniendo el artículo 1253 del Código Civil”. El mismo establece que el cumplimiento y ejecución de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una sola de las partes.
En este caso, ANCAP introdujo, a juicio de Donnángelo, un cambio unilateral del contrato en beneficio propio y en perjuicio de los comercializadores. “La justicia deberá resolver si esta alternación está conforme a derecho o no”, resumió el jurista. Por otro lado, la Unvenu no descarta recurrir en paralelo a recursos administrativos ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía o la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
