«Es una responsabilidad el Estado», dijo el presidente de Capega. Los concesionarios culpan a los jueces que liberan delincuentes sin que cumplan condenas.
Propietarios de estaciones de servicio y vendedores de motos se oponen de manera terminante al proyecto del área de seguridad del Gobierno tucumano, que apunta a combatir los motoarrebatadores con medidas que afectarían no sólo a los delincuentes, sino a los motociclistas en general.
El proyecto de Ley apunta a tratar de frenar los arrebatos y el robo de motos. Uno de los puntos de la norma sería solicitarles a los empresarios del sector a que no les vendan combustible a los motociclistas que se movilicen sin cascos, que no lleven chalecos refractivos y no tengan patentes en el dominio. Otro ítem propone que se les solicite a los empresarios del sector que no les vendan rodados a aquellas personas que tengan antecedentes por robos. La idea es que cada cliente presente el certificado de buena conducta expedido por la Policía.
“La función de controlar que los motociclistas no es nuestra, es una responsabilidad del Estado. Estamos en contra de la iniciativa”, señaló Gonzalo Rodríguez, presidente de Capega, la cámara que nuclea a los propietarios de la estaciones de servicio de la provincia.
“Esto no es nuevo y cada vez que un municipio intenta dictar una norma así, desde la cámara se le envía una nota diciéndoles que no la apoyaríamos. En varias provincias se la puso en práctica y no dio resultado”, indicó el empresario.
“Nos oponemos por cuestiones de seguridad. Si viene un asaltante armado y se le dice que no se le va a cargar nafta qué cree que hará. ¿Se irá tranquilo? No creo. Lo más seguro es que encañone al empleado para que le venda combustible”, explicó.
Rodríguez sí dijo que podría existir otra solución. “Lo mejor es que la haya un policía o un inspector de tránsito en cada estación de servicio (son unas 120 en toda la provincia) para que ellos se encarguen del control”, concluyó.
Los concesionarios
“Todo lo que están proyectando es una barbaridad. Acá la culpa no la tienen las motos, sino los jueces que permiten que los delincuentes que salgan sin recibir una condena justa por el delito que cometieron”, aseguró Antonio Mahtuk, vicepresidente de la Cámara Argentina de Concesionario de Motos.
“Creo que esta medida está fuera de foco. Acá no se debe perseguir a los compradores de motos, sino a las personas que cometen delitos. Hay que buscar leyes más duras para evitar que deje de funcionar la puerta giratoria en la Justicia”, expresó Mahtuk.
El empresario indicó además que el mercado negro donde se venden las motos robadas no está afectando al sector. “Sin embargo, es indignante ver como en los controles se encuentra a personas con motos robadas y no se les hace nada. Ellos de alguna manera, también son responsables del delito”, agregó.
“En definitiva, creando este tipo de leyes lo único que hacemos es perjudicar a la gente honesta, mientras que los que roban no se les hace nada”, finalizó.
