La CGT de Hugo Moyano, la de Luis Barrionuevo (a la que pertenece el gremio de empleados de estaciones de servicio), las organizaciones del transporte y la CTA de Pablo Micheli acordarían esta semana ir todos juntos a la huelga. De concretarse la medida, ese día podría haber dificultades con el abastecimiento de combustibles.
El sindicalismo opositor anunció una huelga general el 31 de marzo para reclamar la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. La medida lanzada inicialmente por el gremio del transporte, fue sumando adeptos al punto que ambas CGT anunciaron su adhesión.
Una de las dos centrales de trabajadores, la Azul y Blanca que lidera Luis Barrionuevo y a la que pertenece el gremio de empleados de estaciones de servicio, lo confirmaría esta semana. De este modo es posible que ese día haya complicaciones con el suministro de combustibles.
“El paro general es irreversible”, advirtió Barrionuevo para que no queden dudas de cual será la decisión de la agrupación, descartando por completo que en los días que median hasta la fecha del paro pueda abrirse una hendija por donde negociar una mejora con la Casa Rosada. El jefe de la central Azul y Blanca puntualizó que los reclamos son exactamente los mismos que presentaron con Moyano el verano del año pasado, en Mar del Plata, cuando se aliaron para juntar fuerzas contra la actual gestión de Gobierno.
El pedido no solo se circunscribe ganancias, también incluye resolver la deuda del Estado con el sistema de obras sociales sindicales (25 mil millones de pesos), la situación de los jubilados, la inflación, la inseguridad y el narcotráfico.
Carlos Acuña, Secretario General de SOESGyPE, reveló a surtidores.com.ar que el impuesto por ahora alcanza a muy pocos operarios que se desempeñan en la actividad de los combustibles. No obstante expresó que la situación general de los trabajadores es “muy difícil” debido a la pérdida del poder adquisitivo a manos de la inflación.
Vale recordar que los empleados del sector están a un paso de comenzar las negociaciones paritarias que tienen como objetivo lograr la adecuación salarial. El Gobierno procura que los acuerdos no superen la barrera del 30 por ciento, una cifra bastante inferior de la pretensión de Acuña.
