Objetan la propuesta del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que propone expropiar petroleras, refinerías y estaciones oficiales y que tengan más de 100 empleados, con el objetivo de que una única empresa tenga el control estratégico sobre los hidrocarburos.
En medio de la discusión de un nuevo marco jurídico que regule la explotación de hidrocarburos, el Bloque del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que conduce el Diputado nacional Nicolás del Caño en conjunto con el Frente de Izquierda de Néstor Pitrola, presentaron un proyecto de ley que apunta a concentrar en el Estado el manejo de todos los recursos que posee el subsuelo y el proceso de producción de combustibles.
Es una propuesta similar a la presentada en el año 1974, a través del Decreto 632/74 dictado por el Poder Ejecutivo, que autorizaba a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a tomar a su cargo toda la comercialización de los derivados del petróleo, que comprendía a las estaciones de servicio.
Esta versión actualizada establece que los puestos de expendio minoristas que pertenecen directamente a las petroleras pasarían a manos de una petrolera estatal, que por lógica debería ser YPF. Las administradas por operadores independientes, en cambio, por contar con menos de 100 empleados, estarían exceptuadas.
Sobre esta visión del mercado, Alejandro Martorell, Vicepresidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) fue claro a la hora dar su opinión: “En el país no están los capitales que se requieren para explotar Vaca Muerta. Necesitamos el aporte de empresas para poder extraer los hidrocarburos no convencionales. Están haciendo todo lo posible para ahuyentarlos”.
Sin vacilar, el dirigente asegura que no está de acuerdo en nacionalizar en forma íntegra la actividad. No obstante, Martorell admite no sentirse preocupado: “no creo que pueda tener trascendencia el proyecto. Es absolutamente contrario a lo que necesita el país”.
Asimismo, Rosario Sica, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) analiza que “los dos extremos son malos”, en relación al tipo de vinculación del Estado con el proceso de producción. “Yo soy partidaria de la economía libre, pero con control del Estado; no intromisión del Estado, que es otra cosa”, cuestionó.
