La Confederación de Expendedores coordinará una mesa de trabajo con especialistas técnicos de las compañías a los fines de evaluar propuestas y soluciones respecto de los pasivos ambientales. Crece la preocupación en el mercado debido a que los organismos de control siguen intimando a los operadores para que cumplan con la normativa.
Luego de varias idas y vueltas judiciales, quedó establecido legalmente que las bocas de expendio de naftas y gasoil están obligadas a contratar un Seguro de Caución por Riesgo de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la Ley General de Ambiente. En sus textos se expresa la obligación de garantizar la reparación de los bienes de uso colectivo, como el suelo y el agua, en caso de haber producido algún daño al ecosistema.
Tanto las estaciones como las compañías petroleras están preocupadas por el costo económico que les significa la contratación del seguro (SAO). Hasta el momento sólo las bocas oficiales están cumpliendo con este requisito y es por eso que las autoridades competentes, tanto municipales, provinciales y de la nación, comenzaron a intimar a los empresarios que todavía no lo han adquirido. De hecho, en Corrientes el año pasado se llegó a clausurar un establecimiento por no disponer de esta garantía.
Para avanzar sobre este aspecto, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) invitó a YPF y otras empresas del sector a participar del armado de una comisión técnica. A priori, la compañía estatal se mostró a favor de la propuesta; ahora los expendedores esperan que Shell, Axion Energy, Petrobras y Oil Combustibles, se sumen a esta iniciativa.
Según explica Oscar Díaz, presidente de CECHA, la idea de fondo es encontrar mecanismos que permitan adecuarse a la legislación vigente sin afectar la rentabilidad de los estacioneros. Por eso uno de los proyectos que se van a barajar en la mesa de trabajo tiene que ver con la conformación de un fondo que tenga como destino resarcir los efectos negativos producidos sobre los terrenos. Opinan que sería a partir de una recarga sobre el precio del litro de combustible al público.
Díaz aclara que bajo este sistema no se tendría en cuenta el momento en que fue generada la contaminación. Marcó una diferencia respecto de los seguros de caución: “sólo se hacen cargo de los daños efectuados luego de la contratación del seguro”. Además, Díaz crítica que no desligan al operador del costo de la remediación.
