Se reunirán esta mañana con Augusto Costa, el reemplazante de Guillermo Moreno en la cartera de comercio, para pedirle estabilidad en los precios internos, mayores cupos de abastecimiento y un margen de rentabilidad razonable. El panorama de la industria es desalentador.
No hay más tiempo de espera. Las plantas que producen menos de 50.000 toneladas al año de biodiesel no pueden seguir operando con los bajos precios que están pagando las compañías petroleras – $5.249 la tonelada – por decisión de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo. La última vez que se actualizaron las referencias fue en septiembre, hace ya cuatro meses, período en que la inflación creció no menos del 9 por ciento. Para tomar dimensión del retraso, basta comparar con las variables del mercado de años anteriores: en mayo 2012 los productores percibían $5472,90, lo que representa un 5 por ciento más que en la actualidad.
Como agravante, los costos de la actividad cotizan mayoritariamente en dólares por la necesidad de utilizar metilato de sodio en el proceso de producción, proveniente del exterior, y es por eso que crecen a pasos agigantados como consecuencia de la devaluación silenciosa que aplica el Gobierno: sólo en lo que va de 2014 el tipo de cambio oficial acumula una suba 17 centavos.
Es en este contexto de ahogo financiero que los representantes de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) se reunirán con el recién asumido al frente de la Secretaría de Comercio y heredero de las políticas instrumentadas por Guillermo Moreno, Augusto Costa, en la mañana de hoy en la sede de Capital Federal.
Francisco Jáuregui, Director de la CEPREB, adelanta las mejoras comerciales que reclamarán al funcionario: “retomar la vieja fórmula de precios que había para las Pymes – que rigió hasta agosto de 2012 – y garantizar que en el nuevo contexto de aumento de cupo de abastecimiento que se abre a partir del incremento del corte al 10 por ciento siga siendo prioritaria la entrega por las empresas chicas”.
En caso de que estas medidas no sean concedidas por parte del oficialismo, Jáuregui asegura que “por necesidad va a haber plantas que van a tener que parar”, afectando la permanencia de 2.500 puestos de trabajo que emplea el sector. Actualmente hay empresas que dejaron de producir y no se descarta que otras caigan también debido a no poder siquiera cubrir los costos de producción. “Estamos necesitando una respuesta inmediata”, afirma Jáuregui.
Hacia fines de noviembre, el Gobierno anunció que a partir de enero el corte con gasoil pasaría al 9 por ciento y luego en febrero al 10 para uso vehicular; al igual que para la generación de energía eléctrica. Hasta el momento no se especificó como se distribuiría este incremento de 450.000 toneladas en la plaza local, lo que abre una disputa por el reparto entre las integradas y no integradas, ambos actores con inconvenientes económicos. Por cómo se presentó en su momento, parecería que las exportadoras serían las beneficiarias.
De todas maneras, Jáuregui asegura que hay nuevas plantas Pymes que están terminando las obras de construcción, que sumadas a la capacidad que presentan las operadoras en funcionamiento, podrían absorber gran parte del volumen excedente que implicará el aumento del corte, tal como establece la normativa. Se espera que una nueva resolución técnica por parte de la Secretaría de Energía despeje las dudas en los próximos días.