Las empresas podrán exportar hasta un 20 por ciento de la producción – luego de cinco años de comenzados los proyectos – y enviar las divisas al extranjero. La medida concentró el apoyo del sector petrolero. “Constituye una clara señal y genera las condiciones de mercado acordes con los grandes montos de inversión que se necesitan”, afirmaron
A través del Decreto 929/13, la presidente Cristina Fernández de Kirchner y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas flexibilizaron las condiciones de explotación de petróleo y gas para las empresas – nacionales o extranjeras – interesadas en invertir más de mil millones de dólares en nuestro país.
La nueva normativa establece que a partir del quinto año de la puesta en ejecución de los proyectos las empresas gozarán del derecho a comercializar libremente en el mercado externo hasta el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos, sin tener que pagar aranceles a la exportación y con la posibilidad de girar las divisas de estas operaciones a las casa matrices. Incluye tanto a las actividades de recursos tradicionales como a las no convencionales.
En caso de que en algún momento el Estado obligue a las compañías a volcar los productos al mercado interno para satisfacer las crecientes necesidades de abastecimiento, la legislación garantiza un precio no inferior al de exportación de referencia. Así el Gobierno busca generar confianza para el largo plazo y atraer nuevos socios comerciales para YPF.
Por su parte, Jorge Lapeña, ex Secretario de Energía considera que “este decreto no constituye la forma seria de lanzar una política para explorar y explotar los hidrocarburos no convencionales”. En su opinión es “un instrumento muy limitado que se utiliza para darle viabilidad al acuerdo piloto cuyas cláusulas desconocemos todavía y que firmarán Chevron con YPF”.
Por lo poco que se sabe, la operación que cerraría Chevron con la estatal alcanzaría los 1500 millones de dólares, por lo que estaría en condiciones de ingresar en el nuevo plan de estímulos a la producción. El Decreto 929 determina que para recibir los beneficios se debe realizar como mínimo “una inversión directa en moneda extranjera no inferior a un monto de 1.000 millones de dólares”.
También estaría incluida la propuesta realizada a fines del año pasado por el Grupo Bridas, de los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni, quienes firmaron un acuerdo con YPF para iniciar la búsqueda de energía no convencional en la formación neuquina de Vaca Muerta también por 1.500 millones de dólares.
Casualidad o no, estas medidas aparecen luego de un año desde que la petrolera estatal anunciara el Plan de los 100 días sin haber encontrado los capitales necesarios para desarrollarlo. Según sospechan desde el sector, Miguel Galuccio, el CEO de la empresa, habría solicitado a los principales funcionarios del Gobierno que aflojen las condiciones comerciales de explotación. En un contexto en donde el consumo de combustibles sigue en alza, no hay más tiempo para esperar.
Apoyo del sector petrolero
Empresas representativas de la industria de hidrocarburos del país manifiestan su apoyo al nuevo marco para la promoción de inversiones que el Poder Ejecutivo estableció mediante el decreto 929/2013 que se publicó en el Boletín Oficial.
Aseguran que con este nuevo régimen, que incentiva las inversiones directas que superen los 1000 millones de dólares destinadas a la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, “se da un gran paso con vistas al logro del objetivo del autoabastecimiento energético”.
Afirman que “la medida anunciada constituye una clara señal al sector y genera las condiciones de mercado acordes con los grandes montos de inversión que se necesitan para desarrollar la explotación de los recursos energéticos que tiene la Argentina”.
De esta manera, las empresas Chevron, Exxon, YPF, PAE, Gas Medanito y CGC junto a la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), que agrupa a las principales productoras del sector apoyaron esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
