La Federación de Expendedores de Buenos Aires estudia la manera de neutralizar la tasa adicional sobre los combustibles que se aplica en algunos partidos de esa provincia. Temen que se generalice al tiempo que admiten problemas operativos para los estacioneros
La falta de fondos en la provincia de Buenos Aires golpea directamente en las arcas de los municipios. Algunas intendencias de la zona norte del conurbano bonaerense encontraron en el combustible una manera rápida y simple de de recaudar e impusieron un recargo de $ 0,10 al precio del litro de la nafta y el gasoil y 5 centavos el metro cúbico de GNC.
La medida, que no hace distinciones de bandera, preocupa a los expendedores de Vicente López y San Miguel, partidos en los que se cobra el adicional, por la incidencia negativa en el bolsillo de los consumidores zonales. Sostienen que ante la diferencia de precios se trasladarán a las localidades vecinas poniendo en riesgo la subsistencia de sus negocios.
La FEC, entidad provincial que nuclea a los empresarios del rubro, adelantó a este medio que se encuentra analizando algunas medidas tendientes a neutralizar la tasa adicional sobre los combustibles. “Debemos delimitar nuestra capacidad jurídica para accionar”, explicó su titular, Luis Malchiodi.
Para el empresario “no es lógico que los municipios apelen a los surtidores para aumentar su recaudación”. Sostiene que si no se contrarresta “seguramente se generalizará”, perjudicando a los estacioneros de otros distritos, además de reconocer que su aplicación “causa problemas operativos e impositivos”.
La tasa vial tuvo su origen en la provincia de Córdoba. Su gobernador, José de la Sota señaló que lo recaudado se utiliza para la reparación de rutas y caminos ante la falta de asistencia del Gobierno nacional. Sin embargo, más allá del esfuerzo de los consumidores (40 centavos para la nafta y el gasoil Premium; 30 la súper y común, 20 el gasoil común y 15 en el gas natural comprimido), los expendedores aseguran que el cobro de la imposición les está acarreando mayores costos y riesgos administrativos.
“Ser los agentes de retención implica movilizar toda la estructura administrativa de nuestras estaciones para recaudar dinero que no es nuestro”, argumentó el presidente de FECAC, Pablo Bornoroni. “Incluso –agregó–, si sufrimos un robo o un accidente en camino de hacer el depósito de lo recaudado, somos nosotros los responsables de ese dinero. Es un compromiso demasiado grande”.
