Las estaciones de servicio de Buenos Aires siguen trabajando sobre el tema con Axel Kicillof, quién se mostró comprensivo de los efectos negativos que genera el gravamen sobre la actividad. Hasta el momento sólo se consiguió frenar en Capital Federal; en otros distritos de la provincia sigue vigente, a la espera de que la Justicie determine si es constitucional.
Rosario Sica, presidente Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) sigue batallando para que las municipalidades del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires dejen sin efecto la tasa vial que implementaron a principios de 2013 que grava los combustibles líquidos y el GNC con hasta 50 centavos por litro.
La dirigente trabaja en la defensa de los intereses de los expendedores desde todos los frentes posibles: se hicieron presentaciones judiciales denunciando la inconstitucionalidad del tributo; también se avanza en las gestiones con el Ministro de Economía, Axel Kicillof; además de realizar presentaciones a la Secretaría de Energía.
La experiencia de Capital Federal le da a Sica expectativas de que pueda resolverse el problema. El año pasado cuando el Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri, impulsó una iniciativa de similares características, la empresaria logró convencer a los legisladores de que implementar la tasa ocasionaría el cierre de estaciones de servicio. El resultado fue sin dudas exitoso: no se aprobó por unanimidad.
Con Sergio Massa, Intendente de Tigre y referente del Frente Renovador, en cambio, no tuvo la misma suerte. El funcionario le prometió en medio de la campaña electoral de 2013 que no instalaría en su distrito pero luego de ganar los comicios rompió su palabra. Sica admite sentirse traicionada.
Mientras tanto, la justicia es quién está evaluando el tema. Los asesores legales de las cámaras empresarias sostienen que debido a que la tasa en realidad no tiene adjudicado un fin específico, en la práctica termina siendo un impuesto. Por ley, los municipios no están habilitados para hacerlo; de ahí el planteo de inconstitucionalidad de la medida.
Sica asegura que la instrumentación del tributo está generando caídas en las ventas de combustibles en las ciudades que se está instrumentando. Los consumidores se vuelcan hacia zonas donde las naftas son más económicas, por ende, advierte que van a cerrar numerosos establecimientos si no se logra frenarse aplicación a tiempo.
