Desde la entidad que representa a las estaciones de servicio de Buenos Aires señalaron que hasta tanto el Gobierno de la provincia no defina si va a aplicar un tributo sobre los combustibles en todo el territorio para destinar la recaudación al mejoramiento de las rutas y caminos, no van a tomar posición frente a las localidades que lo están instrumentando
En el sector hay opiniones encontradas sobre el tema. Mientras que Rosario Sica, la presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA) evalúa recurrir a la Justicia para impedir que se implemente el gravamen sobre el precio de los combustibles con 10 centavos por litro en el caso de las naftas y de 5 en el GNC, Luis Malchioldi, titular de la Federación de Expendedores de Combustibles de Buenos Aires (FECOBA) prefiere demorar las acciones hasta que Daniel Scioli determine si le interesa extenderlo a todo el distrito.
“Por el momento estamos estudiando el tema. Enviamos una nota al Gobernador explicando la situación y hasta tanto no haya respuestas no vamos a actuar”, informó Malchioldi.
En el caso de que Scioli imite la postura de los municipios del conurbano bonaerense, FECOBA va a apoyar la posición, por lo que se descuenta que no habrá objeciones al impuesto. Si el Ejecutivo provincial se manifiesta de manera contraria al tributo, analizarán acciones para impedir que los distritos que actualmente lo están aplicando lo sigan cobrando. “Estamos esperando”, indicó el dirigente.
Para FECRA, en cambio, la instrumentación del tributo es anticonstitucional, ya que según el Decreto 505/58, se “prohíbe a los fiscos locales establecer gravámenes sobre los combustibles”. Esta normativa fue ratificada por la ley 24.130 y consensuada por un acta acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
Hasta ahora, las bocas de expendio de sólo tres municipios de Buenos Aires – Vicente López, San Fernando y San Miguel – impusieron un recargo de 10 centavos al precio del litro de nafta y gasoil. Otras ciudades analizan instrumentarlo, aunque todavía permanece en estudio, sobre todo por la polémica que se desató cuando el Gobierno Nacional criticó a Córdoba por impulsar la medida.
Los expendedores de dichas localidades se quejan porque están perdiendo clientes, atento que con la diferencia de precios que se generó, una buena parte de ellos prefieren recorrer pocas cuadras para cargar en zonas donde no se cobra. Si bien la diferencia no llega a ser del 2 por ciento, en tiempo de vacas flacas, los usuarios miran las pizarras con mayor atención.
