Las compañías que venden el biocombustible a las petroleras sienten incertidumbre por lo que pueda ocurrir en el negocio debido a las demoras y la incoherencia que muestran los funcionarios del Gobierno a la hora de establecer los valores para el mercado interno.
Ya pasaron 26 días desde que comenzó marzo, y si bien el grueso de las Pymes del sector no trabajó durante los primeros días, justamente por el retraso en la publicación de los precios de diciembre, enero y febrero, todavía no hubo novedades con respecto al mes en curso.
Carlos Paredes, Presidente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) manifestó que “las expectativas para este 2013 son de incertidumbre”, no sólo por los vaivenes que presenta el mercado en general, ya que el aceite acompaña las fluctuaciones de la cotización de la soja en el plano internacional, sino también por las políticas que se están aplicando.
La Unidad de Monitoreo, el ente encargado de regular el sector compuesto por el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Comercio Interior,Guillermo Moreno; la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el ministro de Planificación, Julio De Vido; fijó la remuneración para las plantas que producen entre 20 y 100 mil toneladas al año en 5.425 pesos la tonelada, para el mes de febrero, un monto que según admite Paredes “es razonable”.
No obstante, lo que preocupa a los industriales es “la falta de previsibilidad”. En este sentido, el dirigente explica que más allá de la publicación de los nuevos precios, que alcanzan para cubrir las necesidades del rubro, “seguimos igual”. Critica que “no hay reglas de juego claras porque primero entregamos producto y pasan dos meses sin saber el precio que vamos a recibir”
En este marco, Paredes teme por los puestos de trabajo. Entre empleos directos e indirectos la industria involucra a más de 4.000 familias, dado que las plantas extrusoras de soja reúnen más de 300 empresas en todo el país y dependen de la producción de las Pymes, que son sus principales clientes.
Tiempo atrás, cuando se paralizaron las actividades en Santa Fe, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Petróleo, del gas y de los Combustibles de Origen Vegetal de Empresas Privadas de San Lorenzo, Rosario y Departamentos de la Zona Sur de Santa Fe, Rubén Pérez, planteó a Axel Kicillof su preocupación por los 2.500 puestos de trabajo que en su jurisdicción corren riesgo de perderse.
