En un evidente desconocimiento de los conceptos de la normativa, diputados del Frente Peronista reclamaron a la Secretaría de Energía los motivos por los que se han incrementado los precios de los combustibles encontrándose vigente la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior por la que se fijaron precios máximos por seis meses
Alberto Pérez, Lino Aguilar y Nora Videla, diputados por el Frente Peronista de San Luis, solicitaron a la Secretaría de Energía de la Nación que, por intermedio de los organismos que correspondan, tenga a bien informar por qué motivo se han incrementado los precios de las naftas y combustibles en todo el país, encontrándose vigente la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior Nro. 35/2013, por la que se fijaron precios máximos por el término de seis meses.
Explican que dicha decisión se adoptó en base a los siguientes fundamentos: «… Que el Estado Nacional tiene a su cargo la im- plementación de políticas públicas que tengan como objetivo satisfacer necesidades sobre las cuales se sustentan derechos de raigambre constitucional, tales como los derechos del consumidor, todo ello en un marco de trato equitativo y digno, conformo el Artículo 42 de la Constitución Nacional. (…) Que la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas debe entender en la ejecución de políticas y plexos normativos necesarios para afianzar la transparencia en la comercialización de los bienes y servicios y tener asegurado el suministro de los mismos, a fin de amparar los derechos de los consumidores. (…) Que en concordancia con lo expuesto, se torna imprescindible dictar una política tendiente a determinar el precio de los combustibles líquidos, evitando de esta manera que se produzcan desajustes en los montos que deban abonar los consumidores. (…)»
Los legisladores afirman que pese a encontrarse vigente la mencionada norma, por los motivos expresados, distintas empresas petroleras, entre las que se encuentra Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), “incrementaron el precio de sus naftas y combustibles, bajo la denominación de ajustes técnicos o reacomodamientos».
En un evidente desconocimiento de los conceptos de la normativa, que señala que “el precio tope de comercialización de los hidrocarburos líquidos a aplicar por todos los expendedores, a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, será el que resulte igual al más elevado del día 9 de abril del corriente año…..”, requirieron mediante un proyecto de resolución, “se informe a este Cuerpo cuáles son los motivos por los que, pese a encontrarse vigente el establecimiento de precios máximos para los combustibles líquidos, las empresas proveedoras de ese mercado han incrementado los precios, recayendo, una vez más, en el bolsillo de los ciudadanos consumidores de tales productos”.
