Están a la expectativa de lo que determine el Gobierno la semana próxima, cuando se cumpla el plazo que fijó la Resolución 35. Referentes de la actividad avizoran dos panoramas distintos en función de las condiciones que presente el mercado de cara al futuro. No descartan presentar un reclamo judicial en caso que se extienda.
En apenas seis días la Secretaría de Comercio Interior definirá si extiende o no los efectos de la Resolución 35, aquella medida dictada en abril de este año que impuso un techo a los valores de las naftas y gasoil al público con el supuesto objetivo de frenar la escalada en los surtidores. Los operadores esperan expectantes y preocupados, ya que de esta decisión dependen en gran medida las perspectivas del negocio.
Raúl Castellano, Secretario de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro (FECAC) asegura que a partir de su implementación “los márgenes de los operadores de reventa – los de bandera Shell, Axion Energy, Petrobras y Oil Combustibles – cayeron notablemente”, como consecuencia de los aumentos de costos que aplicaron los proveedores. “Si se liberan los precios se vuelve a la situación anterior y las estaciones van a trabajar en función de la competencia, pero si se prorroga van a estar muy complicadas”, analizó el dirigente.
Por el momento Castellano admite que “sólo queda esperar” hasta el 10 de octubre, fecha en que se prevé algún tipo de novedad por parte de la Secretaría de Comercio. Lo mejor que les puede pasar a las bocas de expendio es que la disposición quede sin efecto para así retomar progresivamente la bonificación que mantenían anteriormente, que ya de por sí era baja. De hecho, en los últimos diez años cerraron 2.500 locales, justamente por problemas de rentabilidad.
En el mismo sentido opinó el Secretario de la Cámara de expendedores de Santiago del Estero, Jorge Saad: “Si se extiende el tope por un largo plazo prolongado no va a haber producto, se crean las condiciones para la aparición de un mercado paralelo y van a sentirse otros problemas que hoy todavía no tenemos”. Advierte que es “complicado el tema”.
En base a una reunión que llevó adelante con representantes de las petroleras evalúa que “las compañías no están conformes con el tope”. Indicó que “denuncian caídas en los márgenes”, a pesar del aumento del 20 por ciento que aplicaron en menos de seis meses. En tanto, considera que en definitiva la última palabra “la tiene el Gobierno”.
El desconocimiento sobre que sucederá después del 9 no inhibe la decisión de los estacioneros si es que la determinación que tome el secretario de Comercio Interior es continuar con el tope: aseguran que recurrirán a la Justicia para intentar derogar la medida. En idéntico sentido se pronunció el presidente de Shell, Juan José Aranguren, quien oportunamente presentó un amparo para frenarla.”La justicia lo está tramitando, pero si se extiende la situación sin resolverse, tendremos que presentar una cautelar”, advirtió.
