Opinión Crítica Expte. N° 109-PL-20
Ante el pronto tratamiento de un proyecto de ley que cuenta con el aval del PE y del Ministerio Publico Fiscal y que se convertiría prontamente en ley de la provincia vamos a formular algunas observaciones críticas al mismo, que esperamos aporten al debate parlamentario y además sirvan para explicarle a la población sobre la real dimensión de la propuesta.
Concretamente respecto al proyecto de Ley que se tratará en la Honorable Legislatura de la provincia de los señores Legisladores Vargas Aignasse, Assán y Alfaro (Expte. N° 109-PL-20), en el que se proponen una serie de medidas para intentar disminuir los asaltos callejeros y los robos en motocicletas, podemos considerar que:
- La iniciativa parte de la afirmación de que la mayoría de los delitos son cometidos por delincuentes que se desplazan en motos (al menos los asaltos y arrebatos callejeros y a comercios), algo en lo que sin necesidad de mayores detalles, todos los ciudadanos coinciden. Es lo que la sociedad experimenta en su vida diaria, pero sin acompañar ninguna evidencia de casos denunciados y/o investigados en Policía o Fiscalías.
- El núcleo central del proyecto apunta a dificultar el desplazamiento y la posesión de motos por parte de delincuentes. En base a la idea de que impidiendo el uso de estos rodados por parte de asaltantes, los delitos van a disminuir.
- Como medida de tratamiento hacia un problema de características complejas, se simplifica todo enfocando hacia un denominador común: el vehículo en el que se desplazan los delincuentes.
- En el proyecto no se analizan las características distintivas entre diferentes tipos de delitos cometidos con motocicletas, el mayor o menor impacto en la geografía urbana, los horarios en que son cometidos, las deficiencias espaciales que los facilitan, las posibles concentraciones de cada tipología delictiva, el perfil criminológico de delincuentes, el uso de armas empleadas, la peligrosidad y envergadura de los hechos delictivos, la victimología, etc. Este conjunto de factores, y otros no mencionados, son subsumidos al factor vehículo utilizado.
Esta consideración de un solo denominador debilita las estrategias de respuesta, degradándolas a un carácter generalizador y sin especificidades. Esto aleja cualquier perspectiva de éxito. La experiencia acumulada y los estudios en prevención a nivel nacional e internacional, vienen señalando que sólo pueden tener éxito aquellas estrategias con enfoques específicos en lugar, espacio, tiempo, y en varios otros aspectos que conforman el perfil particular de cada tipo delictivo.
- La ausencia de estas indagaciones previas, de enfoque en grupos de delitos específicos y en áreas geográficamente diferenciadas, quita efectividad a las medidas propuestas. Precisamente su carácter excesivamente generalizador lleva a desplazar el enfoque hacia grupos amplios de ciudadanos en base a una táctica de sospecha predelictiva, con predecibles consecuencias conflictivas en el futuro.
- Además de esa imprecisión, es sumamente ambicioso –apuntando hacia todo tipo de delito donde se utilicen motocicletas en cualquier lugar de la provincia; de llevarse a cabo desgastaría los recursos policiales en un control callejero masivo e indiscriminado de motociclistas, en el supuesto de que eso va a dificultar el desplazamiento delictivo y por tanto se va a reducir el impacto criminal. Desgraciadamente, las cosas no suelen darse así, como señalan los expertos, la experiencia tradicional de policía en estas acciones sin enfoques no logra alterar los índices delictivos.
Podemos hacer un mínimo análisis crítico con respecto a algunas de las nuevas medidas, con las que el gobierno provincial, planea disminuir la cantidad de delitos:
- Se prohibirá que dos hombres mayores de edad transiten en una misma moto durante las 24 horas del día en toda la provincia (con excepción de que se trate de padres e hijos).
- Es discriminatoria hacia una parte de la sociedad que se desplaza en motocicletas (usualmente los que no pueden adquirir automóviles, en razón a sus bajos ingresos), y que apelan a este medio de transporte por el encarecimiento y baja calidad de los servicios públicos de transporte de pasajeros. De dudosa constitucionalidad.
- La medida es de un carácter punitivo indiscriminado, no enfoca específicamente en determinados delincuentes, sino que castiga a una amplia franja social, en su mayoria de escasos recursos, creyendo que de esa manera por extensión va a dificultar el desplazamiento delictivo. En la provincia de Tucumán a cualquier hora del día se desplazan miles de motocicletas con dos personas sobre cada una de ellas; ¿qué porcentaje de esas motos están tripuladas por delincuentes en camino a cometer un delito?, sin lugar a dudas un porcentaje bajísimo, casi irrelevante, quizá inferior a un 1%. Sin embargo, se van a destinar las energías y recursos policiales en restringir el desplazamiento y eventualmente sancionar a un 99% de inocentes creyendo así neutralizar al 1% de asaltantes.
- Se trata además de una estrategia sin enfoque específico, basada en medidas punitivas contra sectores amplios de la población, creyendo así que el delito al que se apunta, va a disminuir.
- Solicitarán que se obligue a las estaciones de servicio a no venderles combustibles a las personas que no tengan colocado el casco y que no tengan inscripto el dominio del rodado. También se prohíbe la venta en bidones.
- Traslada tareas de control a empresas y empleados de estaciones de servicio, con los riesgos consiguientes. CAPEGA (Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines) ya expresó su preocupación ante esta situación.
- Los controles se harán de manera sorpresiva las 24 horas del día y en cualquier punto de la provincia. Se contará con la colaboración de las fuerzas nacionales (Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria).
- Los operativos de control siempre han tenido el carácter de ser sorpresivos durante las 24 horas. No hay nada nuevo en esto.
- Lo inconsistente es la persistencia en la creencia del «operativo» como solución al problema. Es decir, seguir haciendo lo que vienen haciendo sin resultado alguno.
- Se dispondrán de 120 controles diarios solo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, implicando esto 40 puntos de referencia geográficamente distribuidos con desplazamientos cada hora y media. Se mencionó que este movimiento triplicaría al realizado para el control social durante el aislamiento. El interrogante es de donde saldrán todos esos recursos. Lo más predecible es pensar que en el caso de que esta estrategia se apruebe e implemente, a las pocas semanas empezará a hacerse imposible su sostenibilidad, por falta de recursos. El caso más reciente de este fracaso es la iniciativa del municipio capitalino por controlar el uso obligatorio de los chalecos reflectantes. Solo tuvo una vigencia real un par de meses. Actualmente no existen prácticamente controles al respecto.
- Históricamente se apela a la búsqueda de soluciones mágicas para determinados fenómenos delictivos como el motoarrebato que aparece prima facie como uno de los principales delitos en nuestra provincia. Podemos mencionar algunas de los últimos años: el Grupo de Operaciones Motorizada (GOM), cuerpo de policía que utilizaría motos de gran potencia, para perseguir a los moto arr yebatadores; área nuevas o megaestructuras, creadas para realizar integralmente una prevención de delitos y reforzar controles, como lo fue en su momento la Dirección General de Prevención Ciudadana; patrullas motorizadas nocturnas de gran dimensión que recorrían la ciudad por medios terrestres y aéreos; gran cantidad de operativos como “Tucumán Activa” y otros. Todos estos demostraron fracasos rotundos, sin sostenibilidad en el tiempo. Al igual que ellos este será otro intento más de poder brindar seguridad a los tucumanos. El problema no es de estrategia operativa, sino del modelo policial implementado. Cualquier medida en el actual esquema de seguridad de la provincia no podrá garantizar resultados.
Todo lo manifestado sin entrar a un examen riguroso de constitucionalidad articulo por articulo donde hay varios de dudosa constitucionalidad, por caso arts. 4 y 8 y varios más de los 22 artículos proyectados, ya que varios de ellos lesionarán derechos y garantías constitucionales.
Teniendo en cuenta que ninguna medida adoptada puede llevarse a cabo con éxito en el marco del modelo policial actual, y tomando en cuenta que acciones aisladas como las que presenta el gobierno en materia de seguridad espasmódicamente, no representan un plan, que es precisamente lo que está faltando (uno a corto, mediano y largo plazo), sólo se podrá iniciar un abordaje efectivo de la problemática desde una lectura profesional de la situación del delito. Un análisis de la verdadera realidad de inseguridad, sin sesgos intencionados ni retóricas que muchas veces confunden en lugar de clarificar.
Fernando Valdez
p/ Observatorio en Seguridad y Prevención de Violencia
Facultad de Derecho y Ciencias sociales
Universidad Nacional de Tucumán
