Así aseguran empresas del sector, debido a las exigencias que incorporaron las autoridades locales y nacionales en los últimos años para controlar el estado ambiental de los terrenos donde están instalados los locales, el pago de impuestos y el mantenimiento de los surtidores
Administrar una boca de expendio de combustibles no es tarea fácil. Conocer los aspectos legales de la normativa del sector tampoco. Por eso, los expendedores de naftas y gasoil se han visto obligados a incorporar a su esquema de costos expertos especializados en condiciones de responder ante los nuevos requerimientos que presenta la legislación.
Con el objetivo de combatir el trabajo en negro, ya en 2011 la Administración Federal de Ingresos públicos determinó que una estación de servicio debe contar con un mínimo de cinco trabajadores por surtidor. El organismo no tuvo en cuenta las características de cada local y desde un principio amenazó con aplicar multas y clausuras a los operadores que no cumplan con esta condición. Para evitar inconvenientes, tuvieron que contratar idóneos en la materia.
En agosto del año pasado, el Ministerio de Planificación exigió a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos y combustibles que se inscriban en el “Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”. En menos de una semana, los estacioneros tuvieron que reunir documentación referida al historial de la empresa, planes de inversión para el próximo año, facturación total de 2011, balance general desde 2008 hasta 2011 en formato texto y digital, entre otras cuestiones. Esto también implicó un fuerte costo en honorarios profesionales.
Un mes más tarde, el Poder Ejecutivo modificó algunos aspectos de la Ley General del Ambiente Nº 25.675 para obligar a las actividades que manipulen elementos contaminantes – como los puestos de venta de combustibles – a que contraten un Seguro Ambiental Obligatorio (SAO). El precio que establecen las compañías de seguros va desde los 30.000 hasta 150.000 pesos anuales, dependiendo de las características de cada establecimiento.
Ante este incremento de las exigencias legales, Gerardo Parino, apoderado de Parino Group (www.parinogroup.com.ar), una compañía que ofrece soluciones integrales para las bocas de expendio y otros rubros afines, asegura que “tener centralizado en una sola empresa de la zona un conjunto de soluciones a la mayoría de los requerimientos y peticiones de los organismos de contralor”.
Parino asegura que la gestión tercerizada optimiza la administración del negocio, reduce el estrés de los expendedores y evita tener que pagar multas o sanciones.
La zona de influencia de Parino Group abarca las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Norte de Santa Fe, Córdoba y el Noroeste Argentino.
Destacan la importancia de contar con un servicio de gestión ambiental
