Los expendedores dicen que se los trata igual que con los Eskenazi y pierden dinero; la empresa respondió con dureza.
Oscar Díaz, el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (Cecha), la organización que representa a estaciones de servicio de todo el país, pasó varios días durante los últimos dos meses redactando, corrigiendo y debatiendo con sus colegas el texto de diversas notas que les envió a los funcionarios del Gobierno.
Esas cartas transmiten una acusación puntual: la gestión estatal de YPF mantiene los principales lineamientos comerciales que aplicaban Repsol y los Eskenazi, que, de acuerdo con la mirada de las pymes dueñas de bocas de expendio, condujo al sector a una situación crítica, con cierre de establecimientos y pérdida de puestos de trabajo.
La última nota tiene fecha del 30 de noviembre y está dirigida al viceministro de Economía, Axel Kicillof. En sólo una carilla, Cecha sostiene: «Con gran preocupación, vemos que a pesar de que el Estado se ha hecho cargo de la gestión de la empresa, a la fecha se siguen manteniendo muchas de las prácticas comerciales implementadas por la gestión anterior, que tan graves perjuicios han causado y siguen causando a los estacioneros operadores de la empresa».
Ese comportamiento, de acuerdo con la misiva, pone «en peligro la estabilidad de muchas pequeñas empresas», así como «la fuente de empleo de muchos trabajadores».
La nota tiene como fin explícito recordarle a Kicillof, que también preside la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de Inversiones Hidrocarburíferas, que la entidad aún no obtuvo respuesta respecto del documento que le presentó el primer día de octubre.
En un texto más extenso, esa carta, que le llegó en una versión similar al presidente de YPF, Miguel Galuccio, detalla los puntos que cuestiona: «La actual gestión ha decidido: 1) sostener el sistema de comercialización utilizado por la gestión anterior; 2) mantener vigentes prácticas comerciales impuestas por la gestión anterior, y 3) no adecuar las condiciones comerciales para asegurar a los estacioneros operadores un nivel mínimo de ganancia».
MALHUMOR
Las cartas de Cecha cayeron muy mal en la petrolera. El encargado de responderlas fue su director comercial, Andrés Scarone, con copia al propio Galuccio. En un texto del 10 de octubre, le recordó a Díaz que «se están realizando reuniones en las distintas provincias, tomando contacto personal y grupal con cada uno de ellos [los estacioneros], de modo de conocer con mayor profundidad la problemática particular y general del sector; no apreciándose una situación generalizada como la por ustedes descripta».
También recuerda que la gestión de Galuccio implementó «decisiones de impacto económico favorable a los operadores». Entre ellas, señala beneficios para las estaciones de GNC, el reconocimiento de una mayor comisión por pago electrónico, la aplicación de nuevos ajustes por mermas, entre otras cosas.
PÉRDIDAS SÍ, PÉRDIDAS NO
El conflicto promete escalar. Para Díaz, la mejora en la relación con la empresa aún no se tradujo en una ventaja sustancial en los números de las pymes que representa. Y afirma que, sobre unas 1500 bocas de expendio, hay unas 500 estaciones que llevan la insignia de YPF que tienen su futuro económico comprometido.
Cecha les hizo llegar a Galuccio, a De Vido y a Kicillof un estudio sobre la rentabilidad de las estaciones de servicio. Sus cálculos indican que una estación con una venta promedio de 200.000 litros mensuales de bandera YPF tiene ingresos por $ 73.704 y egresos por 123.379, de manera que registra una pérdida de casi $ 50.000 al mes. En YPF aseguran que ésa no es la situación real del sector..
