Es una de las medidas que consideran expertos en derecho energético que podrían apaciguar la presión fiscal sobre los expendedores de la provincia de Buenos Aires, obligados a estar inscriptos como agentes de retención. La propuesta se adecua a la realidad del negocio, teniendo en cuenta que el ritmo de aumentos que vienen sufriendo los combustibles.
De acuerdo a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) se encuentran obligados a actuar como agentes de recaudación y percepción “los expendedores al público de combustibles líquidos derivados del petróleo que hubieran obtenido Ingresos Brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) por un importe superior a doce millones de pesos ($12.000.000), debiéndose computar, a estos efectos, los ingresos provenientes de todas sus actividades y en todas las jurisdicciones”.
Por no estar inscriptos en el registro, y en definitiva, no cumplir con lo que establece la Resolución Normativa 041/12, la semana pasada inspectores del organismo clausuraron 7 estaciones de servicio.
Sobre este punto, Fabián Alejandro Tobalo, asesor legal de la Federación de Expendedores de Combustibles (FEC) explica que “el problema que se ha generado con las percepciones a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires, como en otros supuestos, se debe a la alta inflación que lleva a que los valores límite de facturación bruta anual, a partir de los cuales pesa la obligación de percibir ese tributo para algunos comercios, han quedado nuevamente retrasados”.
En el caso de las bocas de expendio, diferencia que es por una razón adicional: “los precios de los combustibles desde el segundo trimestre de 2012 vienen incrementándose a una tasa aún más elevada, del 60 por ciento promedio anual, lo que hizo que muchos establecimientos que antes no estaban alcanzados por la obligación hoy lo están”.
En su oportunidad, la Federación de Entidades de Combustibles (FECOBA) hizo una gestión directa ante el Ministerio de Economía provincial y obtuvo como respuesta una suba del valor de facturación.“Es evidente que estamos en una situación similar de desajuste que motivará una nueva actualización”, analiza el especialista.
Frente al avance de las autoridades, Tobalo cuestiona “la tendencia de los organismos públicos a delegar al contribuyente sus funciones propias, lo que podría indicar la incapacidad de aquellos para cumplir sus funciones”.
“Esto puede ser motivo de cuestionamiento acerca de la razonabilidad de estas prácticas fiscales. La solución inmediata remite a requerir de ARBA un reajuste de los valores”, plantea.
Cierto es también que el régimen de percepción no es suficientemente conocido entre las empresas que pueden estar alcanzadas por el mismo, pero la ignorancia del derecho no exime de responsabilidad ante incumplimientos.
