Un Proyecto de Resolución expresa preocupación por la situación que está atravesando la industria de biodiesel, sujeta a cambios de regulación y falta de previsibilidad de los precios. Afirman que promueven una confusión que pone en riesgo la producción y la inversión en una actividad promisoria en plena expansión
El legislador nacional por La Rioja, Julio César Martínez, presentó un Proyecto de Resolución (5033-D-2013) en el que expresa su preocupación por la situación que está atravesando la industria de biodiesel, sujeta a cambios de regulación y falta de previsibilidad de los precios.
Afirma que las empresas productoras en la Argentina suman un nuevo conflicto a los cambios de regulación del mercado: ahora, venden el producto al mercado interno a precio abierto. Esto implica que las petroleras les pagan según el último valor de referencia, y ajustan luego el pago con cartas de débito o crédito.
Asegura que “terminado el mes de junio, el Gobierno no publicó el valor de referencia del producto y el mercado, de más de 80.000 toneladas mensuales, se manejó con el último dato disponible, el del mes de mayo”. En ese sentido, expresa que “la forma que cobró la actual comercialización del biodiesel es un reflejo del estado de confusión en el que se mueven las empresas del sector, desde las más grandes a las pequeñas”.
Desde que entró en vigencia el corte obligatorio del gasoil con biodiesel, en 2010, la Secretaría de Energía publica mensualmente el valor al que deben concretarse las ventas de las empresas a las petroleras que, actualmente, deben incluir no menos de un 7 por ciento del biocombustible en el gasoil. Sin embargo, explica Martínez, desde que el viceministro de Economía, Axel Kicillof, comenzó a tomar decisiones dentro del sector de los biocombustibles, junto con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, “cambió la fórmula del cálculo del precio”.
El valor del biodiesel fue segmentado en tres categorías, según la empresa productora, y la nómina quedó conformada en empresas grandes, medianas y pequeñas. El precio se fija teniendo en cuenta los costos de producción de cada una. De esta forma, las grandes cobraron en mayo (y en junio por falta de actualización) $ 4.650 por tonelada de biodiesel. Las medianas obtuvieron $ 5.472, y $ 5.477 las más chicas. En el caso de las grandes empresas, al menor precio que reciben se le agrega una suba en las retenciones a las exportaciones, que rondan hoy el 20 por ciento. El plano externo también es complicado para estas compañías por el creciente proteccionismo europeo al ingreso de biodiesel extra bloque. Por este tema, la Argentina mantiene un reclamo ante la OMC. Mientras suman motivos de descontento, las firmas abrieron un canal de negociación política para intentar hacer llegar su reclamo a las más altas esferas.
“Antes de la llegada de Moreno y Kicillof, las empresas negociaban con el ministerio de Planificación, Julio De Vido y la Secretaría de Energía, pero hoy se quejan de que no tienen interlocutores válidos”, señala Martínez. Además refiere que “les cambian las pautas permanentemente, generando un crítica situación de incertidumbre en un mercado donde poco a poco la Argentina fue tomando una interesante posición mundial y que promete ser una producción de buen valor agregado y una potencial fuente importante de recursos para nuestra economía”.
Ante esta situación, el legislador riojano alertó que la preocupación merece ser tenida en cuenta “pues fueron muchos los esfuerzos comprometidos desde este Poder legislativo para lograr una ley adecuada de promoción de este combustible y que, por negligencia o desconocimiento de algunos funcionarios, puede verse afectado su promisorio futuro”.
