Un proyecto de ley presentado por el diputado del Pro, Pablo Tonelli, propone modificar el artículo 15 de la ley 26.471, a fin de que la compañía pueda ser auditada por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, dos entes que tienen representación de la oposición
Por ser considerada una empresa nacional, pese que el Estado controla sólo el 51 por ciento de las acciones, las fuerzas políticas de la oposición plantean que su administración debería estar vigilada por los mismos órganos de control que supervisan al resto de las compañías.
De hecho, el Ingeniero Jorge Gaimaro, directivo del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” apunta que Axel Kicillof es además de funcionario, por ocupar los cargos de Vice Ministro de Economía y presidente de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, director en YPF. “El Gobierno es juez y parte”, denunció.
Por eso, el diputado del Pro Pablo Tonelli critica que “el artículo 15 de la ley 26.741 al impedir el control público es inconstitucional y antirrepublicano, por lo que resulta imperiosa su modificación para adecuarlo a la Constitución y a los principios del Estado de derecho”.
En su opinión, “la primera razón por la cual corresponde el control público sobre YPF S.A. es que la misma es una empresa que integra el sector público nacional”. Por lo tanto, fundamenta, “no es posible sostener, como se expuso en el debate parlamentario que YPF pueda estar exenta del control estatal”.
En conclusión, según la postura del diputado Tonelli corresponde modificar el artículo 15 de la ley 26.741 para que la AGN pueda cumplir en YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A, la función asignada por el artículo 85 de la Constitución Nacional, en cuanto a “controlar la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada” e “intervenir el trámite de aprobación o rechazo de la cuenta de inversión”.
La AGN es el organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del Estado de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición completa, clara y veraz de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales.
Con sus Informes, que incluyen comentarios, conclusiones y recomendaciones, asesora al Poder Legislativo sobre el desempeño de la Administración Pública Nacional y la situación de la hacienda pública.
