Expertos en derecho energético aseguran que es conveniente solucionar los altercados que se presentan en el día a día de la relación comercial a través del dialogo. En los últimos años creció la tensión entre los operadores y los proveedores como consecuencia de la desregulación estatal. Señalan que ahora el mercado está cada vez más controlado
En una relación comercial como la que viven las estaciones de servicio con las petroleras mientras no haya reglas claras que establezcan los derechos y obligaciones de cada una de las partes, el más fuerte del vínculo podrá imponer al otro las condiciones que lo favorecen.
Este es el problema que sufrieron los operadores de combustibles a partir de la década del 90, cuando el mercado de los combustibles quedó sin un marco jurídico que ponga límites al avance de las compañías. Fue así como las empresas avanzaron sobre el negocio minorista, impusieron condiciones a los expendedores, obligaron a modificar cláusulas comerciales, desligaron costos en las estaciones y dejaron de cumplir con los cupos de abastecimiento, entre otras cuestiones.
Luis Navas, experto en Derecho Energético sostiene que en primer lugar ante el surgimiento de algún inconveniente es importante priorizar la negociación como punto de partida para llegar a un acuerdo. Sólo como última opción entiende necesario iniciar acciones legales contra la petrolera.
“Una acción legal llega luego de haber transitado por todos los canales de negociación, incluyendo también la mediación. Siempre es conveniente solucionar los conflictos que puedan presentarse entre la petrolera y el expendedor a través del diálogo. Ambos son socios en un negocio cada vez más competitivo y regulado por normas municipales, provinciales y nacionales”, fundamentó el especialista.
La normativa vigente resulta en la mayoría de los casos perjudicial para el expendedor minorista. Navas tomó como ejemplo la Resolución 25 que el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aplica desde 2006 para imponer cupos de suministro al gasoil y de hecho a las naftas, medida que en su opinión “va en contra de los intereses del operador minorista”.
Además enfatiza que a la hora de entrar a un tribunal “las petroleras disponen de mayores recursos que el operador”.