La Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA) acompaña al candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires del Frente Renovador, Sergio Massa, quién en los últimos días se mostró a favor de una nueva ley de comercialización de los combustibles que elaboró el sindicato.
Tanto los empleados como los dueños de las bocas de expendio entienden que la única alternativa para garantizar la rentabilidad del negocio pasa por sancionar un nuevo marco jurídico que ponga un freno al avance de las petroleras sobre la venta de naftas y gasoil en el segmento minorista.
Por eso, en este año electoral, analizan cuál de los candidatos podría comprometerse más con esta causa. Para la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA) esta jugada ya tiene nombre y apellido: se llama Sergio Massa, el candidato por el Frente Renovador que hoy recopila bajo sus filas a sectores empresarios y sindicales, muchos de ellos que anteriormente apoyaban al Frente para la Victoria.
Andrés Doña, Secretario Gremial de FOESGRA, opina que “Massa es la persona que más representa los intereses del sector”. Apuesta a que una vez en el parlamento, su bloque impulse la ley de comercialización de los combustibles que diseñó el Secretario General de la entidad y actual diputado provincial en Buenos Aires, Carlos Acuña, que ya obtuvo media sanción en la legislatura porteña y le falta el visto bueno en senadores.
El texto que elaboró Acuña prohíbe a las petroleras tener bocas de expendio propias, fijar el precio del combustible como así también sugerir los de venta al público. Asimismo, establece que los valores que indiquen las pizarras de las estaciones de servicio deberán ser iguales en toda la región, sin importar diferencias de marcas o de logística. De esta manera, se asegura que haya condiciones de igualdad para competir en el mercado.
De sancionarse la propuesta elaborada por Acuña, las empresas petroleras o comercializadoras mayoristas de combustibles, deberán despojarse de las estaciones de servicio que controlan o son de su propiedad dentro del plazo de veinticuatro meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley. Los proveedores tampoco podrán realizar ventas directas a empresas de transporte, industrias y establecimientos agropecuarios, dejando este nicho para el sector minorista, que hoy se encuentra con serios problemas de rentabilidad.
