Los legisladores nacionales por la UCR, Julio César Martínez y Olga Brizuela y Doria de Cara, aseguran que la normativa que posibilitó el inusual aumento en los precios de los combustibles, expone a los estacioneros y a sus empleados a las conductas que pudieran derivar del sentimiento de indignación que la medida despierta en los consumidores
Un Proyecto de Resolución que lleva por número el 2018-D-2013, a cargo de los legisladores nacionales por la UCR, Julio César Martínez y Olga Brizuela y Doria de Cara, solicitó información al Poder Ejecutivo respecto al precio tope de comercialización de hidrocarburos líquidos dispuesto por la Resolución N° 35/2013 de la Secretaría de Comercio Interior.
Los diputados exigieron en primer lugar conocer cuales fueron los elementos analizados para adoptar la referida normativa. Asimismo reclamaron tomar conocimiento acerca de cual es la política del Gobierno Nacional tendiente a determinar el precio de los combustibles líquidos y evitar que se produzcan desajustes en los montos que deban abonar los consumidores asegurando un trato igualitario y equitativo a la población.
Según explican, la imposición de estos topes máximos afecta, ante todo, a la anglo-holandesa Shell, que cuenta con los precios de venta más altos del mercado. Por el contrario, YPF aumentó inmediatamente sus precios, aunque, según la compañía, la resolución «no altera la política de precios de combustibles y no modifica plan de negocio para este año».
“Queda claro que, gracias al congelamiento de (Guillermo) Moreno, todas las empresas del sector (Esso, Petrobras, etc.) que estaban en un menor rango de precios, confluirán hacia la posición del líder, lo que transforma este supuesto congelamiento en una auténtico y verdadero tarifazo», analizaron.
La medida, apuntan, “preocupa, no sólo porque afecta al 90 por ciento de los argentinos, sino, además, porque, como con tantos otros anuncios de congelamiento, el Gobierno fomenta la indignación de los consumidores que, lejos de encontrarse con un congelamiento, se encuentran con un aumento, exponiendo de esta manera al último eslabón de la cadena de comercialización, en este caso los estacioneros, y particularmente a sus empleados, a las conductas que pudieran derivar de ese sentimiento de indignación”.
Remarcan que desde 2005 a la fecha, se cerraron 3500 estaciones de servicio a la vez que el parque automotor creció un 100 por ciento e YPF baja su producción. “¿Cómo se sostiene el modelo? Resulta imperioso que en este tema, como en tantos otros, el gobierno nacional tome nota de la realidad, deje de mentirnos y de improvisar anuncios de medidas que ya demostraron su ineficacia”, afirman con indignación.
“El gobierno nacional debe modificar de manera urgente el modelo de gestión y garantizar el acceso a los combustibles a valores razonables a los consumidores del interior del país, desarmando la maraña de subsidios que acentúan las inequidades y favorecen objetivamente a los sectores medios y altos de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano. De seguir por este camino, no sólo vamos a pagar más caro que en el resto del mundo las naftas, sino que además, vamos a carecer de ellas”, alertaron finalmente.
